El fiscal provincial Américo Oswaldo Bautista Yama, coordinador de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, fue detenido por agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación que lo vincula presuntamente con una organización dedicada a favorecer actividades relacionadas con la minería ilegal, el tráfico de insumos y la obstrucción de pesquisas contra redes criminales que operan en el corredor minero de la región.
La intervención se realizó en Puerto Maldonado, cuando el representante del Ministerio Público salía de su vivienda. Según la información policial, Bautista Yama es investigado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal. Además, las autoridades analizan sus presuntos vínculos con operadores de seguridad ilegal de La Pampa y Lago Inambarillo, zonas donde se han reportado extorsiones, cobro de cupos y disputas por el control de actividades mineras.
Fiscal es acusado de presuntamente obstruir investigaciones contra organización criminal
La detención del fiscal ambiental se produce en medio de una investigación contra una estructura criminal que habría operado en el corredor minero de Madre de Dios. De acuerdo con fuentes policiales, Bautista Yama habría intentado interferir en las pesquisas relacionadas con los 21 detenidos durante un operativo realizado el 6 de julio, entre ellos personas vinculadas a los presuntos cabecillas conocidos con los alias de "Chili" y "Gringasho".
Ambos nombres aparecen relacionados con la organización conocida como "Los Guardianes de La Pampa", una presunta red criminal que fue intervenida a inicios de julio en un campamento clandestino ubicado en el corredor minero. Durante esa operación, las fuerzas del orden detuvieron a 20 personas y decomisaron un importante arsenal, que incluía fusiles, pistolas, municiones, granadas, explosivos, chalecos antibalas y equipos de comunicación.
La investigación también alcanza a un grupo de seis personas detenidas el 6 de mayo, presuntamente vinculadas a un sujeto conocido como "Brayam". Según la versión policial, una de las abogadas que intervino en ese expediente sería Rocío Milagros Escobar Hillasaca, hermana de Yamila Escobar Hillasaca, pareja del fiscal Bautista Yama y madre de uno de sus hijos.
Un alto oficial involucrado en las acciones contra la organización criminal sostuvo que la detención del fiscal fue necesaria debido a la presunta interferencia en las investigaciones. "Había que neutralizarlo con la detención, ya que estaba obstruyendo las investigaciones", declaró, según la información recogida durante las diligencias.
La sospecha de las autoridades también se habría reforzado luego de que, en el teléfono incautado a Eneyser Fernández Pérez, se encontraran conversaciones que presuntamente demostrarían coordinaciones y apoyo del fiscal Bautista Yama a un sujeto identificado con el alias de "Brayam". El contenido de estas comunicaciones forma parte de las diligencias que buscan establecer el nivel de participación del funcionario y sus posibles conexiones con la estructura investigada.
"Los Guardianes de La Pampa" y el asesinato de un comerciante en Lago Inambarillo
Otro elemento que aparece en la investigación está relacionado con un video grabado durante un operativo de interdicción contra la minería ilegal en la comunidad de Lago Inambarillo, el 7 de noviembre de 2025. En las imágenes aparece el fiscal Bautista Yama participando en una diligencia como representante de la Fiscalía Ambiental.
Según el testimonio de Denis Carbajal Estrada, la presencia del fiscal en ese lugar habría sido solicitada por Antonio Cose Apaza, conocido como "Antonio Quino", quien es señalado como uno de los líderes de la seguridad ilegal que opera en la zona. Este grupo habría sido denunciado por presuntamente cobrar cupos y extorsionar a mineros y comerciantes de la comunidad ubicada a orillas del río Madre de Dios.
En el video, Cose Apaza aparece junto a otro hombre vestido con ropa de camuflaje y portando armas de largo alcance. Según el testimonio incorporado a las investigaciones, ambos no serían agentes policiales, sino presuntos integrantes de una estructura de seguridad ilegal que tendría características similares a la organización que opera en La Pampa.
El nombre de "Antonio Quino" también figura en una denuncia por extorsión presentada ante la División de Investigación Criminal de Puerto Maldonado. En el documento aparecen otros presuntos integrantes de la seguridad ilegal de Lago Inambarillo.
La investigación tomó mayor relevancia tras el asesinato del comerciante Yvid Wilder Carbajal Estrada, de 39 años, ocurrido el 16 de mayo de 2026. La víctima era propietario de Multiservicios Wilder, tenía esposa e hijo y también figuraba como minero formal con inscripción en el REINFO. Su negocio abastecía de abarrotes e insumos a trabajadores de la zona.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por la Policía, días antes del crimen, un grupo de hombres habría acudido a su establecimiento para reclamarle por denuncias previas relacionadas con extorsiones. También le habrían exigido el pago de 20 mil soles mensuales para permitirle continuar trabajando. Carbajal Estrada se habría negado y, según la investigación, recibió amenazas.
El día del crimen, uno de los presuntos implicados, identificado como Widhert Suárez Yapo, alias "Quillacho", habría ingresado previamente al local con el supuesto objetivo de verificar si la víctima se encontraba allí. Cerca de las 7:25 de la noche, tres sujetos ingresaron al establecimiento y dispararon contra el comerciante. Los impactos alcanzaron su pecho y cabeza.
El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio. Luego del asesinato, los sujetos habrían sustraído dinero de la caja, celulares, objetos de valor y una caja de seguridad. La suma robada ascendería a aproximadamente 300 mil soles.
El fiscal Víctor Raúl Phoco López, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, solicitó la detención preliminar de los investigados, entre ellos Antonio Cose Apaza. La investigación busca establecer si los presuntos integrantes de la seguridad ilegal de Lago Inambarillo tuvieron participación en el crimen y qué relación mantenían con otras redes criminales dedicadas al control de actividades ilícitas en el corredor minero.
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