Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos anunciaron la creación de un "centro de retorno" en Ruanda para migrantes que residen ilegalmente en sus territorios y están sujetos a deportación. El plan, que empezaría a operar en 2027, fue comunicado por los gobiernos danés y neerlandés en sendos comunicados y presentado en una rueda de prensa conjunta el lunes en Viena.
Los países indicaron que el programa se aplicaría a las personas que hayan agotado todas las vías legales para permanecer en los cinco países. El gobierno neerlandés agregó que proporcionará una alternativa si los deportados no pueden ser devueltos a su país de origen. Una vez en Ruanda, según los gobiernos, las personas podrán integrarse en la sociedad ruandesa o regresar a su país de origen.
Un piloto de unas 100 personas
Antes del anuncio, fuentes diplomáticas informaron a la agencia de noticias AFP que se espera que el centro funcione inicialmente como un proyecto piloto con capacidad para unas 100 personas. Cada uno de los cinco países enviaría posiblemente a unos 20 migrantes.
En un comunicado escrito, el gobierno neerlandés afirmó que los cinco países "solo devolverán a hombres solteros" como parte de la primera fase del acuerdo. Agregó que la atención de los Países Bajos "se centrará en personas de países de origen en la misma región que Ruanda".
El programa se distingue de un acuerdo británico que fue descartado y que contemplaba el envío de personas a Ruanda para tramitar sus solicitudes. Los litigios impidieron que ese plan prosperara y finalmente fue desechado por el gobierno laborista entrante en 2024. Downing Street no descarta que Reino Unido se sume al nuevo plan y dice que lo seguirá "con interés".
Defensa del plan y advertencias de derechos humanos
En la rueda de prensa en Viena, el canciller austriaco Christian Stocker afirmó que los cinco países querían aliviar la presión sobre los sistemas de asilo europeos e impedir que los traficantes organizaran viajes mortales a través del Mediterráneo. Los cinco gobiernos sostienen que el plan se ajusta al derecho internacional y a la normativa de la UE.
El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, afirmó que el país está comprometido a trabajar con sus socios europeos para brindar una "solución segura, legal y digna para los migrantes". Añadió que también trabajarían para "corregir el desequilibrio global en las oportunidades económicas", que calificó como un "factor clave de la migración irregular".
Los organismos de derechos humanos sostienen que el plan podría violar los derechos de los migrantes. Clementine de Montjoye, investigadora principal de Human Rights Watch para África, dijo que la elección de Ruanda sería motivo de preocupación, ya que tiene un "historial bien establecido de represión de la disidencia, detenciones arbitrarias, malos tratos en prisión" y apoyo a los rebeldes armados en la vecina República Democrática del Congo.
"Pagar a Kigali para que acoja un programa de deportación no solo causaría sufrimiento y daño a los deportados, sino que financiaría y proporcionaría influencia política a un gobierno responsable de graves violaciones de los derechos humanos tanto en su país como en el extranjero", afirmó De Montjoye.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, un organismo independiente, argumentó que cualquier tercer país que albergue un centro de retorno debería "respetar los derechos fundamentales", incluyendo que las personas no deben ser enviadas a un país donde se enfrenten a un grave riesgo de persecución. La agencia añadió que los menores no acompañados no deben ser enviados a un centro de retorno, y el gobierno neerlandés confirmó que eso no ocurrirá.
Contexto migratorio y rol de la OIM
El acuerdo se produce tras una reciente reforma de la UE que permitió la creación de centros fuera del bloque. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas podría desempeñar un papel secundario. "La OIM tiene una larga trayectoria prestando asistencia a migrantes en situaciones de tránsito, incluso en contextos complejos", declaró un portavoz de la OIM, quien añadió que la agencia está en conversaciones con algunos países de la UE "sobre planes para el establecimiento de centros de retorno o mecanismos similares".
Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en los primeros 10 meses de 2026 se produjeron casi 110.000 cruces fronterizos irregulares hacia la UE, lo que representa un descenso del 29% con respecto al año anterior. En octubre se detectaron alrededor de 18.100 cruces, un 6% menos que en octubre de 2025, pero un 22% más que en septiembre, "debido en gran medida a un fuerte aumento de las llegadas por la ruta de África Occidental hacia las Islas Canarias".
El anuncio se produce en un contexto en el que, ante la proximidad de las elecciones, varios gobiernos de la UE se han visto presionados para demostrar que pueden controlar la migración. Las preocupaciones en torno a la seguridad, las dificultades económicas y la desilusión con los partidos gobernantes desempeñan un papel fundamental en la configuración de las actitudes hacia las personas que abandonan sus países de origen.










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