La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido este martes a defender los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias en radio y televisión, en medio de críticas de medios, especialistas y oposición que advierten riesgos para la libertad de expresión. Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que las reglas buscan fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información y no establecer un mecanismo de censura.
“Así como el Gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información tienen que tener un código de ética para garantizar el derecho a la información”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La consulta pública y el punto más controvertido
La polémica estalló tras el inicio de la consulta pública impulsada desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El punto más criticado es la exigencia de que los concesionarios distingan entre información y opinión, lo que, según los críticos, podría derivar en una intervención indirecta sobre el trabajo editorial.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, salió también al paso de las acusaciones. Explicó que las sanciones previstas no recaen sobre los contenidos difundidos, sino solo sobre obligaciones administrativas, como la ausencia de un código de ética, la falta de designación de un defensor de las audiencias o no ofrecer mecanismos para presentar quejas. “No se sanciona por los contenidos”, insistió.
La defensa oficial y las dudas que persisten
Alcalde rechazó que los lineamientos otorguen al Estado la facultad de definir qué es verdad. “El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad. Serán los medios de comunicación, a través de sus códigos de ética, los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz”, zanjó.
La funcionaria también defendió la obligación de diferenciar opinión e información, señalando que los propios medios podrán usar avisos al inicio y al final de sus programas para indicar cuándo combinan análisis y noticias.
Sin embargo, los sectores críticos sostienen que, aunque los lineamientos no faculten expresamente al Estado para calificar contenidos, la exigencia de acreditar la “veracidad” de la información y separar opinión podría incentivar la autocensura y abrir un margen de discrecionalidad regulatoria que afecte la libertad de prensa.
La consulta pública, que comenzó el 27 de julio, permanece abierta hasta el 21 de agosto. La oposición, periodistas y algunos medios mantienen la presión para que los lineamientos sean modificados antes de su aprobación definitiva.
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