La Justicia de Honduras resolvió este lunes 3 de agosto que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en libertad el caso de lavado de dinero y fraude que se le imputa, y que lo haga ante un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema, como se planteó inicialmente.
En una audiencia, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó contra Hernández medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, pero denegó el pedido de la Fiscalía de detenerlo de forma provisional por "peligro de fuga".
Medidas cautelares y tribunal ordinario
El exmandatario quedará además bajo el cuidado y la vigilancia de su equipo de defensa, que deberá presentar un informe semanal sobre su situación, y tendrá que prestar caución juratoria, es decir, una promesa jurada de someterse al proceso.
Ese mismo juzgado quedó a cargo de la causa después de que este lunes 3 de agosto se declarara "sin lugar" el recurso presentado el viernes por la defensa, que buscaba mantener el expediente en la Corte Suprema. El magistrado que lo tenía originalmente se había declarado sin competencia para asumirlo.
El tribunal fijó la audiencia inicial para el 12 de agosto a las 09:00 hora local (15:00 GMT).
Regreso tras indulto en Estados Unidos
Hernández regresó a Honduras el 26 de julio pasado. Había sido extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico. Pero, el 1 de diciembre de 2025, fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Ese indulto alcanza únicamente a las causas federales estadounidenses y no tiene efecto sobre el proceso abierto en Honduras.
Acusación fiscal y seguidores
Decenas de seguidores se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia para manifestarle su respaldo. La audiencia se celebró allí, en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, habilitada por las limitaciones de espacio del Juzgado de Criminalidad Organizada.
La Fiscalía acusa a Hernández, de 57 años, de fraude y lavado de dinero en una causa abierta en 2023 por el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando presidía el Congreso Nacional. Esos fondos habrían servido para financiar su campaña electoral de 2013.
En el expediente figuran también exdiputados, empresarios y particulares, además del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), que obtuvo un sobreseimiento definitivo.
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