La detención en marzo de 2025 de José Remedios Araiza, alias R1, señalado como líder de sicarios del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), junto con otros nueve individuos en Yucatán, marcó un punto de quiebre en la violencia de Guanajuato, según el Gabinete de Seguridad federal. A partir del mes siguiente, las cifras de asesinatos en ese estado comenzaron a desplomarse, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El caso es utilizado estos días por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para explicar su estrategia de seguridad, que atribuye la caída de los homicidios en más del 50% desde su llegada, en octubre de 2024. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, había señalado que la matanza de 10 personas en un bar de Querétaro en noviembre de 2024 fue una pelea entre células criminales: los atacantes del CSRL y los objetivos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El milagro estadístico y sus críticos
Marcela Figueroa, titular del SESNSP, defiende que la reducción tiene causas concretas. “Hay razones concretas por las que bajan los homicidios, momentos concretos, detenciones concretas en entidades concretas”, explica. Y apunta a Guanajuato: “Allí teníamos 13 homicidios diarios. Detenemos a estos generadores de violencia y empiezan a disminuir. Y así lo podemos ver en cada estado, en cada municipio”. Según el SESNSP, en marzo de 2025 el estado registró 347 asesinatos; en abril bajaron a 196; en julio de este año llegaron a 97.
Sin embargo, la académica Carolina Jasso, doctora en Ciencia Social por El Colegio de México, publicó el estudio “Menos homicidios, más preguntas”, en el que identifica siete posibles hipótesis para explicar la caída, y concluye que ninguna la explica por sí sola. “Se está haciendo una relación causal entre estrategia y reducción, pero no hay evaluación independiente. Se nos habla de laboratorios destruidos, de detenidos, de droga decomisada, pero no hay bases de datos públicas que nos permitan checar”, critica.
Jasso apunta a la clasificación de delitos como un posible factor. Las fiscalías y el SESNSP incorporan el rubro “otros delitos que atentan contra la vida”, que cada año contabiliza más de 15.000 víctimas. La sospecha de la académica es que ese rubro esté sirviendo para esconder asesinatos. Figueroa lo niega: “Otros delitos contra la vida no debe incluir ningún tipo de muerte violenta. La metodología es clara y pública. Y en realidad, esa categorización nos da más información de cada caso”.
La funcionaria también responde sobre la brecha creciente entre las víctimas de asesinato que contabiliza el INEGI, a partir de certificados de defunción, y las del SESNSP. “Es verdad que la diferencia ha crecido, pero está por debajo de otros países, como Estados Unidos o Canadá, donde esa diferencia puede llegar a ser del 40%”. Reconoce que hay estados con diferencias mayores al 15%, como Guanajuato, donde supera el 20%. “Queremos entender por qué está ocurriendo esa mayor diferencia. La semana pasada justo fuimos al Estado de México para identificar las razones, poner en marcha una mesa de trabajo e identificar posibles motivos”, zanja.
Equilibrios criminales y desapariciones
Además de los cuestionamientos estadísticos, Jasso incorpora en su análisis los equilibrios criminales. “Cuando organizaciones criminales con capacidad de regular la violencia alcanzan acuerdos, los homicidios pueden descender sin que su estructura se debilite”, escribe en su informe. En casos así, la trampa trasciende a la hoja de Excel: puede que en las calles aparezcan menos muertos, pero eso no implica que exista menos violencia. Es posible que los criminales desaparezcan los cuerpos, señala, en un país que cuenta decenas de miles de desaparecidos, cifra que no ha dejado de aumentar.
El Gobierno, mientras tanto, sostiene su narrativa con las detenciones. En sus comparecencias quincenales, Harfuch actualiza el número de detenidos durante el sexenio, que asciende a decenas de miles. Se ignora el destino de casi todos: si siguen en prisión, si las detenciones se han convertido en procesos o si alguno ha llegado a condena. La numeralia sirve para apuntalar el relato oficial, que asegura que las capturas de generadores de violencia redundan en menos asesinatos.
La estadística del SESNSP y del INEGI muestra que, de 2024 a 2025, prácticamente todos los estados vieron descensos, con la excepción de Sinaloa, donde el diario Noroeste apuntó al posible ocultamiento de 133 asesinatos por parte de la Fiscalía local, además de “310 hallazgos de cuerpos y restos óseos” no incorporados a los datos enviados al SESNSP. Figueroa señala que “el Centro Nacional de Información realiza un monitoreo para identificar discrepancias. Cuando las vemos, inmediatamente hablamos con los fiscales”. Sobre los restos óseos, argumenta que “no se puede reportar como homicidio porque no se sabe de cuántas personas son”.
El debate sigue abierto. Mientras el Gobierno celebra la caída de los homicidios como un logro de su estrategia, los académicos insisten en la falta de transparencia y en la necesidad de evaluaciones independientes. La discusión sobre las cifras y sus causas continúa sin una respuesta definitiva.
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