El Consejo de Ministros de España aprobó esta semana una nueva normativa de transparencia laboral que obligará a las empresas a incluir en los contratos de trabajo datos como el salario base, los complementos, la distribución exacta de la jornada, el convenio colectivo aplicable y el plan de igualdad. La medida, que transpone una directiva de la Unión Europea, todavía no ha entrado en vigor porque no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según precisó el Sindicato USO.
El Gabinete de Comunicación del Ministerio de Trabajo informó el martes 8 de septiembre de la aprobación de la norma, con la que el Gobierno busca, según el comunicado, "blindar el derecho a la información de las condiciones de trabajo para luchar reforzando la transparencia del ámbito laboral".
Qué deberá figurar en los contratos
De acuerdo con la nota de prensa del Ministerio de Trabajo, los contratos laborales deberán incluir como mínimo la fecha de comienzo y, en su caso, de finalización; el domicilio social y el centro de trabajo; el contenido de la prestación laboral y, cuando sea temporal, su justificación; la retribución —salario base, complementos y modo de cálculo de las variables—; y el tiempo de trabajo, con duración y distribución de la jornada, entre otros detalles.
La medida no solo alcanza a los nuevos empleados. Según el Sindicato USO, los trabajadores con un contrato en vigor al que le falten estos datos tendrán derecho a solicitarlos, y la empresa dispondrá de un máximo de 30 días para entregar la información.
"A partir de ahora, será obligatorio que aparezca en el contrato de trabajo el salario base, los complementos, la distribución exacta de tu jornada, el convenio colectivo e incluso el plan de igualdad aplicable. Nada de según convenio o lo acordado entre empresa y trabajador", señaló el Sindicato USO.
Estado de la norma y entrada en vigor
El propio sindicato aclaró que la normativa, pese a estar aprobada por el Consejo de Ministros, aún no ha sido publicada en el BOE, por lo que no entra en vigor por ahora. En España, las normas aprobadas por el Ejecutivo requieren su publicación oficial para desplegar efectos, un paso que en este caso todavía no se ha producido.
La norma transpone una directiva europea sobre condiciones laborales, un proceso que, según USO, tomó cuatro años. Hasta que se publique en el BOE, los derechos que detalla la norma no serán exigibles por los trabajadores.
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