Más de 300.000 personas abandonaron sus hogares en Ecuador durante los últimos tres años, empujadas por amenazas de muerte, extorsiones, asesinatos de familiares e intentos de reclutamiento de organizaciones criminales, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Defensoría del Pueblo citados por Reuters. Organizaciones que trabajan con las víctimas advierten que la cifra real podría ser mayor.
La violencia se concentra en barrios populares como Nueva Prosperina, uno de los distritos de Guayaquil donde una mujer de 66 años vivió con su familia durante casi 20 años. Las balas comenzaron a golpear los techos de las viviendas y la situación se volvió insostenible. Su hija se trasladaba en motocicleta al trabajo y podía convertirse en blanco de hombres armados que, según su relato, disparaban contra quienes entraban al barrio bajo la sospecha de pertenecer a una banda rival. También temía que su nieto adolescente fuera reclutado. La familia terminó por irse.
Como otros habitantes entrevistados, la mujer pidió hablar bajo anonimato por temor a represalias de las bandas criminales.
De país seguro a territorio disputado
Ecuador registró el año pasado 9.216 muertes violentas, una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra es ocho veces la registrada una década atrás y supera ampliamente las tasas informadas por México, de 21,4, y Colombia, de 25,8.
El país tiene además el tercer mayor nivel de desplazamiento interno de América Latina, solo detrás de Haití y Colombia, según el Consejo Noruego para Refugiados.
Durante años, Ecuador se mantuvo relativamente al margen de los niveles de violencia que azotan a otros países de la región. Pero su creciente importancia como ruta del narcotráfico transformó ese escenario. Ubicado entre Colombia y Perú, dos de los principales productores de cocaína del mundo, el país se convirtió en un punto estratégico para el traslado de droga hacia mercados internacionales. En ese proceso crecieron bandas locales que comenzaron a disputarse territorios, rutas y barrios enteros.
Nueva Prosperina fue escenario el año pasado de algunos de los enfrentamientos más sangrientos de Guayaquil. Una disputa entre facciones de Los Tiguerones dejó 22 muertos. Cuando las familias escapan, según residentes y policías consultados por Reuters, las bandas pueden apropiarse de las viviendas abandonadas, desmantelarlas para obtener dinero o utilizarlas como escondite para personas secuestradas.
La extorsión como herramienta de control
La extorsión se convirtió en un mecanismo frecuente para controlar los barrios. La Policía estima que la mitad de las familias de Nueva Prosperina ha sufrido algún tipo de extorsión, aunque muchas nunca denuncian por miedo.
"Un mensaje de WhatsApp tiene casi el mismo impacto que una bomba", explicó Francesco Volpi, del Consejo Noruego para Refugiados. "Es una extorsión indiscriminada".
Un comerciante de 45 años contó que abandonó el distrito después de que sus hijos recibieran amenazas de muerte de bandas que buscaban reclutarlos. También denunció intimidaciones de personas que identificó como policías.
El jefe policial de Nueva Prosperina, Gino Pillajo, aseguró a Reuters que varias personas fueron detenidas en el distrito por hacerse pasar por agentes. Reconoció además que el temor impide denunciar buena parte de las extorsiones y dificulta las investigaciones.
La Policía intenta obtener información mediante dirigentes comunitarios y colocó códigos QR en comercios para que los vecinos denuncien de forma anónima. Los agentes también acompañan a quienes deciden abandonar el barrio, para brindarles seguridad o para identificar qué viviendas quedarán vacías.
El problema excede ya a Guayaquil. Comunidades indígenas chachi cercanas a la frontera con Colombia abandonaron temporalmente sus territorios por amenazas de mineros ilegales. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, algunos comercios cierran temprano para protegerse. Y en Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, hay familias que dejan sus tierras para evitar que grupos criminales recluten a sus hijos, según casos documentados por el Consejo Noruego para Refugiados.
La estrategia de seguridad y sus críticos
Daniel Noboa llegó a la Presidencia en 2023 con la promesa de enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar el control de las calles. Sin embargo, su estrategia de seguridad no ha conseguido terminar con la violencia.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil sostiene que algunos aspectos de la ofensiva pudieron contribuir a profundizarla: las muertes y detenciones de líderes criminales provocaron la fragmentación de organizaciones en facciones rivales que ahora se enfrentan por el territorio.
El Gobierno defiende su política y asegura que está debilitando sistemáticamente a los grupos criminales. Entre enero y julio de este año, los asesinatos disminuyeron un 8% respecto del mismo período de 2025, según cifras oficiales. Las autoridades sostienen además que la mayoría de las víctimas de homicidios están vinculadas con bandas.
La crisis de seguridad estará este miércoles en el centro de la agenda política de Ecuador. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega a Quito para reunirse con Noboa, en la segunda escala de una gira regional que comenzó en Colombia y concluirá en Perú. La visita tiene entre sus prioridades el fortalecimiento de la cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
Rubio ya había visitado Ecuador en septiembre de 2025 y desde entonces ambos países estrecharon su cooperación frente al crimen organizado.
El desplazamiento interno, mientras tanto, sigue siendo uno de los efectos más visibles de la crisis de seguridad, con miles de familias que continúan abandonando sus hogares y una cooperación internacional que se intensifica en torno al combate al crimen organizado.
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