Chavismo y oposición cierran acuerdos sobre TSJ y oro en Londres: ¿ruta electoral?

El chavismo y la oposición venezolana cerraron esta semana su primera ronda de conversaciones con dos acuerdos que podrían marcar el futuro institucional del país: la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Las negociaciones comenzaron el 6 de agosto con el respaldo de Estados Unidos y estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera.

Un pacto bajo vigilancia

El pacto contempla renovar a todos los magistrados del TSJ, reformar la ley que regula al máximo tribunal, ampliar el comité de postulaciones y crear un mecanismo para revisar las credenciales de los candidatos. La oposición cuestiona desde hace años la independencia de esta corte y sostiene que respaldó decisiones favorables al oficialismo, incluida la validación de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en el 2024.

El segundo acuerdo plantea recuperar unas 31 toneladas de oro venezolano depositadas en Londres, valorizadas en alrededor de US$1.900 millones. Según EFE, los recursos serían destinados a atender a los afectados por los terremotos del 24 de junio, mientras que las partes acordaron establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría sobre su utilización.

Sin embargo, la posibilidad de que estos pactos conduzcan a elecciones todavía no está garantizada. AFP señaló que la transformación del TSJ es considerada determinante de cara a un futuro llamado a las urnas, mientras una fuente opositora citada por la agencia sostuvo que el calendario electoral solo podría anunciarse después de la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para el politólogo venezolano Luis Salamanca, la diferencia fundamental frente a los anteriores intentos de diálogo es el cambio en las condiciones políticas del país y, especialmente, el papel de Estados Unidos. Bajo su análisis, esta vez no se trata de una negociación tradicional entre dos actores con capacidades equivalentes, sino de un proceso que se desarrolla bajo una fuerte presión externa.

“Esta es una mesa ejecutiva, es una mesa para la toma de decisiones”, afirma Salamanca.

Considera que el hecho de que en pocos días se haya acordado cambiar a todo el TSJ demuestra que existe una capacidad de ejecución que estuvo ausente en procesos anteriores. Para el analista, la renovación del máximo tribunal es especialmente relevante porque esa institución será una de las piezas necesarias para garantizar que un eventual proceso electoral pueda desarrollarse dentro de un marco constitucional.

¿Hay condiciones para una ruta electoral?

Salamanca sostiene que la siguiente pieza debería ser el Consejo Nacional Electoral. Según explica, su recomposición ya forma parte de la agenda y debería resolverse entre ahora y diciembre, junto con la recuperación de derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución. Desde su perspectiva, Venezuela no necesita reconstruir desde cero todo su sistema institucional, sino reactivar aquellas estructuras que todavía pueden funcionar bajo reglas democráticas.

De hecho, el analista considera que una convocatoria electoral podría producirse incluso antes de completar todas las reformas, siempre que exista una supervisión internacional mucho más estricta. “Lo que va a ser más importante aquí es la vigilancia sobre esas elecciones”, señala, al recordar que las elecciones de 2024 continúan siendo uno de los principales puntos de conflicto entre el oficialismo y la oposición. Para Salamanca, cualquier nuevo proceso deberá contar con garantías sobre el respeto al voto y una observación internacional robusta.

No obstante, su lectura introduce una condición clave: no habrá una elección plenamente democrática si la principal oposición queda fuera. El especialista considera necesarias la reversión de inhabilitaciones, la recuperación de los partidos políticos intervenidos y una ampliación de las libertades públicas, incluida la libertad de expresión.

El analista internacional Luis Nunes coincide en que el acuerdo sobre el TSJ puede ser el comienzo de una ruta electoral, aunque advierte que la desconfianza de la población sigue siendo uno de los principales obstáculos. Recuerda que Venezuela ha atravesado numerosos procesos de diálogo que terminaron sin cambios sustanciales y considera que la diferencia actual está en el nivel de presión que ejerce Washington sobre el gobierno de Delcy Rodríguez.

Nunes sostiene que el proceso podría avanzar en un plazo relativamente corto. Según su interpretación, existe un cronograma para desmontar el actual esquema de designación de jueces y, posteriormente, avanzar hacia la renovación del órgano electoral. “Entre tres o cuatro meses” podría nombrarse un nuevo CNE con capacidad para convocar elecciones justas, libres y transparentes, estima.

Por eso, frente a la pregunta de si ya se percibe una próxima convocatoria, Nunes considera que el calendario electoral será precisamente el principal campo de disputa. Sostiene que el chavismo intentará prolongar los tiempos para observar cómo evoluciona el escenario político estadounidense, pero la presión terminaría obligándolo a aceptar una salida electoral. “Definitivamente el calendario electoral es la parte más importante de lo que se viene”, afirma.

¿Acuerdo o pacto convenido por el oro?

El oro retenido en Londres también aparece como una pieza de esa negociación. Nunes considera que su recuperación puede convertirse en un incentivo para que las partes mantengan el proceso, siempre que los recursos sean administrados con absoluta transparencia. En cambio, Salamanca observa el acuerdo principalmente como una decisión vinculada a Washington y no tanto como un entendimiento soberano entre el chavismo y la oposición.

En cualquier caso, ambos coinciden en que la trazabilidad del dinero será determinante para evitar nuevos cuestionamientos. Asimismo, coinciden con que ni al chavismo ni a la oposición les convenía señalar que el dinero obtenido del oro no podría utilizarse para ayudar a los damnificados del doble terremoto, puesto que sería una medida impopular.

En ese sentido, el principal desafío no parece estar en la firma de los acuerdos, sino en su cumplimiento. La propia AFP mencionó que se trata de un nuevo intento de acercamiento entre el chavismo y la oposición y que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no participan directamente de la mesa. Además, grupos de ex presos políticos han reclamado que cualquier nuevo TSJ y CNE sean independientes y tengan como objetivo garantizar elecciones libres.

Por ahora, los acuerdos no equivalen a una convocatoria electoral. Pero sí pueden constituir el primer eslabón de una ruta hacia las urnas si la renovación del TSJ es seguida por un CNE independiente, garantías para la participación opositora, liberación de presos políticos y supervisión internacional. Tanto como para Salamanca y Nunes, el tiempo será determinante. Ambos coinciden en que la oportunidad existe, pero que su resultado dependerá de que esta mesa de negociación produzca cambios institucionales concretos y no termine convirtiéndose, una vez más, en una promesa de transición sin fecha.