En un contexto de creciente controversia, el defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, partió hacia Dubái para participar en la 28ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Este viaje ocurre poco después de su regreso a Perú el 27 de noviembre y en medio de acusaciones sobre su elección al cargo.
Según el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría jugado un papel clave en la designación de Gutiérrez, negociando con congresistas de diferentes partidos. Estas revelaciones ponen en duda la legitimidad de su nombramiento como defensor del Pueblo.
Durante la ausencia de Gutiérrez, Elizabeth Zea, designada como adjunta constitucional de la Defensoría el 7 de septiembre, asumirá sus funciones. Sin embargo, Zea también ha salido del país, rumbo a Estados Unidos, tras ser autorizada para vacaciones adelantadas del 29 de noviembre al 5 de diciembre, y una licencia sin goce de haber del 6 al 11 de diciembre.
El momento de estos viajes y las circunstancias que los rodean han generado preocupación y especulación entre la ciudadanía y los observadores políticos. Las implicaciones de estas acusaciones y la ausencia simultánea de dos altos funcionarios de la Defensoría del Pueblo plantean serias preguntas sobre la gobernanza y la ética en las instituciones públicas de Perú. La atención se centra ahora en cómo estos eventos podrían afectar la estabilidad y la confianza en el sistema de justicia y gobernabilidad del país.
