La Procuraduría Pública del Gobierno Regional denunció al jefe de Logística, Nepteli Eliseo Aquino Berrospi, por ocultar información al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado en 3 procesos que inició el OSCE para sancionar a empresas que ganaron licitaciones con documentos falsos.
El procurador del Gorehco, Homero Dávila Soria, formalizó tres denuncias contra Aquino como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehúso o retardo de actos funcionales en agravio del Estado, el OSCE y el Gorehco.
Como se recuerda, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) no pudo iniciar procedimiento sancionador contra 3 consorcios de empresas por presentar documentos falsos porque el Gorehco no le remitió la información requerida. Cuando se revelaron los 3 casos, el gobernador Rubén Alva y sus funcionarios dijeron que se trataba de errores en la administración; sin embargo, hoy las auditorías del Órgano de Control Institucional determinan que el jefe de Logística, Neptelí Aquino, (también acusado de direccionar otras licitaciones) fue quien deliberadamente encarpetó en su oficina los pedidos del OSCE lo que al final terminó favoreciendo a las empresas que se libraron de la sanción y se adjudicaron las licitaciones.
CASO 1
En julio de 2015, el Gorehco adjudicó al Consorcio Yachas (integrado por las empresas Agroindustrias Fraelo, Edimpro e Inversiones CCB&SE) la compra de alimento para truchas para 3 asociaciones ganadoras del Procompite 2012. Entonces, la empresa United Products S. A. denunció que el Consorcio Yachas usó documentos falsos para sustentar su experiencia.
Entonces, el OSCE pidió al Gorehco un informe técnico legal sobre la responsabilidad del Consorcio Yachas para iniciar proceso sancionador. Hasta en 3 oportunidades, el TCE requirió la información al Gorehco que nunca respondió y el TCE tuvo que archivar el proceso.
Qué pasó con los requerimientos del OSCE pues terminaron encarpetados en la Dirección de Logística y Servicios Auxiliares, que dirige Neptelí Aquino, quien derivó el documento bajo el proveído “Evaluación y Trámite Junior y Edwin”. Pero de esa oficina, nunca salió una respuesta al OSCE.
CASO 2
En diciembre de 2015, el Gorehco adjudicó la supervisión del mantenimiento de la carretera Higueras-Yarumayo al Consorcio Supervisores Viales (integrado por Constructora y Consultora Sahmat, Nino Darlin Aguirre Ponce y Euler Héctor Cabrera Mora), que habría ganado con documentos falsos o inexactos.
Otra vez, el Tribunal del OSCE pidió información al Gorehco, pero la entidad nuevamente se rehusó a entregar los documentos requeridos y el TCE tuvo que archivar el proceso sancionador contra el consorcio.
El pedido del OSCE llegó el 10 de marzo de 2016 hasta la Dirección de Logística, donde Neptelí Aquino lo derivó con el proveído “Gino, trámite que corresponde”. Ese fue el último movimiento del documento, según el Sistema de Gestión Documentaria (Sisgedo). Por falta de información el TCE archivó el proceso y el consorcio terminó beneficiado.
CASO 3
En noviembre de 2015, el Gorehco adjudicó la supervisión del mantenimiento de la carretera Chinchas-Huarin-Jivia al Consorcio Supervisión Vial (Constructora y Consultora Sahmat, Nino Darlin Aguirre Ponce y Euler Cabrera Mora). El consorcio habría ganado la licitación con documentación falsa.
El OSCE requirió información y el Gorehco no respondió. Otra vez, el pedido del OSCE quedó en manos de Neptelí Aquino, el 29 de febrero de 2016, que con el mismo modus operandi derivó el documento con el proveído “Gino, trámite correspondiente”. Ese fue el último movimiento del documento según el Sisgedo.
OCI
La auditoría del OCI en los 3 casos determinó que Aquino, en forma dolosa, omitió y rehusó actos propios de su cargo entorpeciendo el proceso sancionador contra las empresas en agravio del Estado. “La conducta ilícita de dicho funcionario provocó entorpecimiento de procedimiento instaurado por el TCE contra las empresas por presentar documentación falsa”, señala la auditora Adriana Sánchez Sinche en las hojas informativas 004, 005 y 006 que el OCI envió al gobernador que tras conocer el hecho lo derivó a Procuraduría que denunció a Aquino por blindar a las empresas.
