El partido Juntos por el Perú oficializó recientemente la candidatura del expresidente Pedro Castillo al Senado con el número 1 para las Elecciones Generales 2026, pese a que el exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo prisión preventiva mientras afronta el juicio por el golpe de Estado.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la agrupación de izquierda, que presentó a Castillo Terrones como su principal postulante a la Cámara Alta. El excongresista Roberto Sánchez, quien fue ministro del expresidente y estuvo involucrado en el fallido golpe del 7 de diciembre de 2022 —aunque fue excluido del proceso judicial—, encabeza la lista presidencial del partido.
Sin impedimentos legales por el momento
De acuerdo con la información difundida, Castillo no tiene impedimentos para postular porque todavía no cuenta con una sentencia firme. Sin embargo, la situación podría cambiar si el Congreso aprueba su inhabilitación por 10 años, recomendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en un informe final aprobado hace una semana.
Para que la sanción sea efectiva, el informe debe ser aprobado por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Congreso. Mientras tanto, el exmandatario ya había anticipado su intención de postular, al señalar en una audiencia del 28 de octubre: “Juntos con el Perú y juntos con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno”.
Juicio por el golpe de Estado en etapa final
El proceso judicial contra Castillo por el golpe de Estado avanza sin contratiempos y se encuentra en la etapa de alegatos de clausura, en la que los abogados de los imputados presentan sus argumentos finales. La próxima sesión está programada para el jueves 20 de noviembre y se estima que la sentencia se conozca en diciembre.
Contexto: prisión preventiva ampliada hasta 2027
El expresidente también afronta una investigación por presuntamente liderar una organización criminal durante su gobierno, con presunta actuación en Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda. En marzo de 2026, el Poder Judicial amplió su prisión preventiva por 12 meses adicionales, medida que se extendería hasta marzo de 2027.
La decisión fue ratificada por la Corte Suprema, que declaró infundada la apelación de la defensa. El juez supremo Edhin Campos justificó la medida por la complejidad del caso y el persistente peligro de fuga, agravado por la condena de 11 años y 5 meses impuesta a Castillo por el delito de conspiración para la rebelión.
“Este dato incrementa el incentivo de evasión, en la medida en que ya no se trata únicamente de una prognosis de pena, sino de una condena concreta cuya eventual confirmación en segunda instancia podría consolidar una privación efectiva de libertad de larga duración”, se lee en el documento judicial.
El juzgado también consideró el “entorno internacional objetivamente favorable a una eventual evasión”, en referencia a los pronunciamientos de México, tanto bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum, que cuestionan el proceso contra Castillo. Según la resolución, existe “un riesgo real, concreto y actual” de que, en caso de recuperar su libertad, el exmandatario se sustraiga del proceso penal.
Los cargos de la investigación fiscal
Según la tesis fiscal, Pedro Castillo habría encabezado una red criminal con estructura jerárquica, enquistada en entidades estatales como Petroperú, el Ministerio de Transportes (Provías Descentralizado) y el Ministerio de Vivienda, destinada a copar puestos clave y direccionar contrataciones públicas a favor de allegados y socios. La investigación incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, entre otros implicados, y aún requiere pericias y análisis especializados antes de su conclusión.
Los cargos específicos son tres: tráfico de influencias agravado vinculado a hechos en Petroperú, donde es sindicado como autor; colusión simple en calidad de cómplice; y tráfico de influencias agravado también como autor por presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, particularmente en Provías Descentralizado.
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