Huánuco no puede seguir atrapado entre la urgencia de contar con una planta de tratamiento de aguas residuales y la incapacidad de sus autoridades para resolver, con transparencia y sustento técnico, el futuro del humedal de Huachog. La PTAR es una necesidad pública impostergable, pero ninguna obra sanitaria puede avanzar sobre dudas ambientales, expedientes incompletos o decisiones administrativas que luego terminen paralizadas. Esa es la línea que corresponde defender: rapidez, sí; improvisación, no.
La controversia ha llegado a un punto crítico. El terreno ya no es un asunto secundario ni un simple requisito dentro del expediente. Huachog se ha convertido en la pieza que puede destrabar o hundir el proyecto. Mientras el gobernador regional, Antonio Pulgar, sostiene que existen estudios y que la demora perjudica a Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, el consejero Dante Tarazona advierte que modificar la delimitación del humedal exige la intervención de las autoridades ambientales competentes.
Ambas preocupaciones tienen legitimidad. La ciudad necesita una PTAR porque no puede continuar postergando una infraestructura básica para su crecimiento y salubridad. Pero también necesita garantías de que el proyecto no será construido sobre una decisión vulnerable, cuestionable o susceptible de ser anulada. Avanzar sin el pronunciamiento técnico de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio del Ambiente no sería valentía política: sería trasladar el problema hacia el futuro.
La discusión tampoco puede reducirse a encontrar un culpable. El Gobierno Regional no debe responsabilizar al Consejo Regional por exigir sustento, y el Consejo no puede convertir la revisión técnica en una cadena interminable de trámites. La ciudadanía no necesita una pelea entre autoridades; necesita que cada institución cumpla su función y deje constancia pública de sus decisiones.
La propuesta involucra 77 hectáreas, más de 770 mil metros cuadrados de un espacio sensible. Esa dimensión obliga a abandonar los discursos ligeros. Si una parte del terreno ha perdido características de humedal, deberá demostrarse mediante evaluaciones técnicas verificables. Si mantiene funciones ecológicas, también deberá reconocerse. Lo que no corresponde es adaptar la realidad a las necesidades del expediente.
El antecedente de la Ordenanza Regional 058-2016 tampoco puede ser tratado como un obstáculo molesto que debe removerse cuanto antes. Fue una decisión regional y cualquier modificación exige igual o mayor rigor. El oficio remitido el 23 de junio y el rechazo de una derogación previa, ocurrido el 10 de abril, muestran que el problema lleva tiempo sin una conducción política capaz de ordenar posiciones y documentos.
Diario Ahora considera que la salida pasa por publicar el expediente completo, los estudios ambientales, los mapas, los informes legales y los pronunciamientos sectoriales. La transparencia no retrasará la PTAR; por el contrario, puede evitar que una decisión débil termine retrasándola durante años.
Huánuco necesita una planta de tratamiento, pero también instituciones que inspiren confianza. La obra debe avanzar con urgencia, legalidad y claridad. Todo lo demás —las acusaciones, las presiones y las advertencias públicas— solo aumentará una factura que finalmente pagará la ciudadanía.










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