Cuando el agua deja de ser un problema técnico

Lo que está ocurriendo alrededor de Seda Huánuco ya no puede despacharse con una frase burocrática. No basta decir que la permanencia del OTASS “es un tema técnico” cuando miles de usuarios sienten el problema todos los meses en sus recibos, cuando la Contraloría advierte riesgos en el canal de conducción y cuando existen compras que, por lo menos, merecen explicaciones claras. El agua es un servicio público esencial. Y cuando la confianza se rompe, también existe un problema de gestión.

Este martes los vecinos saldrán a las calles para exigir que el OTASS deje la administración de Seda. Esa demanda pertenece a las organizaciones convocantes y no corresponde asumirla automáticamente como solución. Pero tampoco sería serio reducir la protesta a un grupo de ciudadanos descontentos. Hay razones concretas detrás del malestar.

Diario Ahora ha documentado reclamos por recibos que algunos usuarios aseguran que se multiplicaron después de la instalación de nuevos medidores. También revisó tres procesos de compra de 2024 en los que una misma empresa terminó obteniendo las adquisiciones después de presentarse como único postor. El OSCE, además, advirtió en uno de esos procedimientos un posible riesgo de fraccionamiento. Nada de ello demuestra por sí solo una irregularidad penal. Sí obliga, sin embargo, a explicar cómo se compró, por qué se compró de esa manera y qué controles funcionaron.

Hay otro dato que pesa. Los gastos administrativos de Seda pasaron de S/4,2 millones en 2020 a más de S/9,1 millones en 2023, según la evaluación de Sunass. Mientras tanto, vecinos denuncian mayores cobros y la Contraloría advierte que el canal de conducción presenta un “riesgo inminente” para el abastecimiento.

Esa combinación es difícil de ignorar.

Si una administración especial permanece seis años al frente de una empresa, la pregunta razonable no es solamente cuánto tiempo más seguirá, sino qué cambió realmente durante ese periodo. ¿Mejoró el servicio? ¿Se redujeron las pérdidas? ¿Se protegió la infraestructura crítica? ¿La población entiende ahora mejor lo que paga? Esas respuestas deberían estar disponibles sin necesidad de marchas.

El OTASS tiene derecho a sostener técnicamente su permanencia. Seda también tiene derecho a defender sus decisiones. Pero los ciudadanos tienen el mismo derecho a exigir resultados verificables y explicaciones comprensibles.

Desde Diario Ahora creemos que el debate no debe convertirse en una pelea de consignas entre “que se vaya” y “que se quede”. El problema es más profundo. Huánuco necesita saber quién administrará el servicio, bajo qué controles y con qué compromisos concretos para proteger el agua.

Y las autoridades locales tampoco pueden mirar desde la vereda. Si la Municipalidad Provincial, el Gobierno Regional y los organismos nacionales conocen los riesgos, tienen que asumir responsabilidades dentro de sus competencias.

El agua no admite discursos eternos.

Cuando una familia abre el caño, no pregunta quién tiene la competencia. Espera que salga agua segura y que la factura sea justa. Después de seis años de administración del OTASS, esa exigencia elemental merece algo más que respuestas técnicas: merece resultados que cualquier vecino pueda comprobar.