La Asociación de Consumidores de Gas del Perú (Acogas) advirtió que el país continúa expuesto a una nueva interrupción del suministro, cinco meses después de la emergencia ocasionada por la deflagración en el ducto de Camisea. El gremio pidió al Gobierno adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad energética nacional.
Roberto Santiváñez, presidente de la organización, sostuvo que el incidente de marzo reveló que el sistema de transporte carece de la capacidad de respuesta y disponibilidad exigidas en el contrato de concesión. Según explicó, la infraestructura debe mantener una operatividad superior al 99 %, pero la restitución del servicio tardó cerca de trece días y medio, cuando una falla imprevista debería resolverse en aproximadamente tres días y medio.
La paralización afectó el abastecimiento de gas natural vehicular para miles de conductores, redujo la disponibilidad de GLP y presionó los precios. El representante también alertó que una contingencia semejante durante la temporada de estiaje podría comprometer la generación eléctrica, debido a la menor disponibilidad de recursos hídricos. Acogas consideró insuficiente limitar la respuesta estatal a eventuales sanciones. Planteó exigir al concesionario un plan de inversiones que incorpore infraestructura redundante, equipos de respaldo y mejores procedimientos de mantenimiento y atención de emergencias. Asimismo, propuso actualizar el estudio de disponibilidad elaborado en 2004 y modernizar la regulación del transporte de gas natural. El gremio presentará estas propuestas al ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, con el objetivo de incluir la continuidad del suministro entre las prioridades del actual Gobierno en el país.
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