El próximo lunes 29 de junio, el Consejo de Ministros del Gobierno español debatirá si prorroga la rebaja fiscal a los carburantes, cuyo plazo vence el 30 de junio. Si no se extiende, llenar un depósito de 55 litros pasaría de costar unos 70 euros a rozar los 90 euros, justo en plena operación salida de vacaciones, según cálculos de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).
Medidas vigentes y escenarios
En marzo, el Gobierno aprobó un paquete de medidas urgentes para frenar el alza de los precios de la energía, provocada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. La más visible para los conductores fue la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%, acompañada de una reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos. Esas disposiciones vencen el 30 de junio.
Según informa ABC, el Ministerio de Economía baraja mantener el IVA en el 10% al menos tres meses más, hasta septiembre. También se estudia una retirada gradual de las ayudas para evitar el denominado efecto cohete, una subida brusca de precios de un día para otro en plena temporada alta de desplazamientos.
Impacto económico si no se prorroga
De acuerdo con la CEEES, la eliminación de todas las ayudas supondría un encarecimiento de 29 céntimos por litro en la gasolina y de 22 céntimos en el diésel. Con los precios actuales —alrededor de 1,46 euros el litro de gasolina y 1,53 euros el de gasóleo— ambos combustibles escalarían hasta los 1,74 euros el litro.
La situación del diésel es particularmente delicada. La crisis con Irán ha generado que el litro de diésel cueste más que el de gasolina, algo insólito dada su menor fiscalidad. Aunque el precio ha bajado durante cuatro semanas consecutivas, aún se mantiene un 5% por encima de lo que costaba antes del conflicto, según recoge ABC. Si se retira la reducción del impuesto especial, el diésel podría volver a superar los 2 euros por litro.
Presiones políticas y externas
El Gobierno no puede extender estas medidas por su cuenta, ya que necesita el respaldo del Congreso. Esto implica negociar con los partidos de la investidura, entre ellos Junts y el PNV, algo que ya generó tensión en marzo cuando se aprobó el primer decreto.
Además, existe presión externa. El Banco de España señaló que España es el país de la Unión Europea que más recursos públicos ha movilizado en respuesta a esta crisis (un 0,25% del PIB), y criticó que el 75% de las medidas no están focalizadas en los más afectados, sino que son de carácter general, como ocurre con la rebaja del IVA. La Comisión Europea y los técnicos de Hacienda (GESTHA) también han recomendado retirar estas subvenciones por considerarlas contrarias a la transición energética.
Reacciones del sector y el presidente
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha pedido que cualquier prórroga incluya explícitamente al transporte de mercancías por carretera. En un comunicado, la organización advierte: "Dejar al transporte fuera de estas medidas supondría ignorar al sector sobre el que se sostiene buena parte de la actividad económica del país". Además, la CETM reclama que se haga efectivo el compromiso de abonar 20 céntimos por litro de combustible prometidos al sector.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que el nuevo decreto será "de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía", aunque sin concretar el alcance exacto de las medidas. El Ejecutivo advierte que, incluso con un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los efectos económicos del conflicto seguirán presionando los precios durante semanas o meses.
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