El Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia por 60 días calendario en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, región Loreto, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia asociadas a la minería ilegal en la cuenca del río Nanay. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 136-2026-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Durante ese periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, según el decreto supremo.
Qué implica la emergencia en Alto Nanay
La norma establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Para actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes; las que no tengan carácter masivo pueden realizarse sin permiso previo.
El control territorial se ejecutará mediante patrullajes permanentes, disuasivos e inopinados de las fuerzas integradas en zonas estratégicas, además de operativos de control de identidad en inmuebles, vía pública, transporte público y privado, vehículos motorizados y no motorizados. También se realizarán operativos masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, y acciones contra insumos químicos fiscalizados, con participación de la Fiscalía de Prevención del Delito.
El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, primer vicepresidente y encargado de la Presidencia de la República, así como de los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Justicia, Ernesto Álvarez.
El combustible que sostiene la minería ilegal
La cuenca del Nanay enfrenta una actividad minera ilegal que, según un reportaje de Mongabay Latam, se sostiene con el traslado diario de grandes volúmenes de combustible. Embarcaciones cargadas con bidones de petróleo parten desde grifos flotantes y tierra firme en Iquitos y Nauta para alimentar las dragas que operan en la parte alta del río.
De acuerdo con esa reconstrucción periodística, el control fluvial de la Marina y la Policía resulta insuficiente frente a redes criminales que invierten cerca de 50 000 dólares diarios en combustible para mantener 60 dragas activas. El recorrido del combustible parte del río Itaya, en Iquitos, donde operan 15 grifos flotantes, y se traslada en botes con bidones ocultos en compartimentos conocidos como 'caletas' o en estructuras soldadas a los cascos.
La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (Conaccunay) ha identificado casi 60 focos de minería ilegal activos en la parte alta del río Nanay, zona que alberga a 29 comunidades campesinas y cuatro nativas del pueblo indígena ikitu, según el mismo reportaje.
Antecedentes de violencia en la cuenca
La emergencia se declara en un contexto de creciente confrontación. En mayo de este año, un grupo de personas encapuchadas protagonizó una asonada contra representantes del Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas, e impidió la destrucción de cuatro dragas usadas por la minería ilegal, según informó La República. El hecho ocurrió cerca de las comunidades de Diamante Azul y San Juan de Ungurahual.
De acuerdo con ese medio, el titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Bratzon Saboya, junto con policías y militares que salieron a interdictar, estuvo en alto riesgo tras verse superado por quienes defendían la actividad ilícita. La Fiscalía inició investigaciones para identificar a los responsables.
La República también reportó que imágenes satelitales de radar desarrolladas por Conservación Amazónica (ACCA) detectaron 36 infraestructuras mineras a lo largo del río Nanay durante febrero, lo que confirma que la actividad aurífera sigue presente en una cuenca clave para el abastecimiento de agua de las comunidades y la biodiversidad. El río Nanay es la principal fuente de agua potable para 500 000 personas en Iquitos, según ese medio.
La declaratoria de emergencia rige por 60 días calendario. Corresponde a la Policía Nacional determinar las zonas de intervención y ejecutar los operativos dispuestos en el decreto supremo. No se precisó el número de efectivos desplegados ni el plazo de evaluación de resultados.
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