La presidenta Dina Boluarte se encuentra en el centro de una nueva controversia política tras revelarse que, entre junio y julio de 2023, se sometió a una cirugía de nariz que habría implicado anestesia general y un período de recuperación. Según la congresista Margot Palacios, esta situación generó un vacío de poder que no fue comunicado al Congreso, lo que constituiría una infracción constitucional.
La denuncia presentada por Palacios ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales incluye los presuntos delitos de usurpación de función pública y omisión de funciones, al no delegar sus responsabilidades durante su ausencia médica. Además, la parlamentaria argumenta que Boluarte habría impedido que el entonces presidente del Congreso, José Williams, asumiera temporalmente el cargo como lo establece la sucesión constitucional.
Revelaciones que desatan polémica
El detonante de la controversia fue la declaración del ex primer ministro Alberto Otárola, quien confirmó ante la Comisión de Fiscalización que la presidenta se sometió a una cirugía estética. Otárola aseguró que Boluarte nunca descuidó sus funciones y mantuvo comunicación constante con el Ejecutivo. Sin embargo, registros oficiales muestran que durante el periodo entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023, la mandataria no participó en actividades públicas.
La congresista Palacios sostiene que este tiempo de ausencia fue cubierto por publicaciones de eventos pasados en las redes sociales oficiales de la Presidencia, lo que, según ella, demuestra un intento de ocultar la situación.
“La presidenta puso en riesgo la estabilidad del Estado al no informar al Congreso sobre su incapacidad temporal. Esto no es un asunto menor, sino una violación directa a la Constitución”, señaló Palacios.
Las declaraciones de Otárola han dividido opiniones en el Parlamento. Mientras algunos congresistas como Patricia Juárez han minimizado el tema, otros, como Fernando Rospigliosi, exigen explicaciones claras de la presidenta.
“¿Es necesario vacar a la presidenta porque se sometió a una operación? Se está haciendo una tormenta en un vaso de agua”, opinó Juárez, quien descartó que su bancada apoye una moción de vacancia.
Sin embargo, Rospigliosi insistió en que el Ejecutivo debe aclarar si realmente hubo un vacío de poder y si se cumplieron las normas establecidas en la Constitución para casos de incapacidad temporal del jefe de Estado.
Postura del Ejecutivo: respaldo y tensiones internas
Desde el Ejecutivo, los ministros han cerrado filas en defensa de Dina Boluarte. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó al expremier Otárola como “desleal” por revelar detalles de la cirugía de la mandataria.
“No me refiero a comentarios de personas desleales, especialmente aquellos con intenciones manifiestas de afectar”, declaró Santiváñez, en alusión a las declaraciones de Otárola.
En respuesta, Otárola acusó a Santiváñez de “traicionar a buenos policías” y de implementar medidas que afectan la gestión del Ministerio del Interior.
“Decir la verdad no es deslealtad. Lo que sí lo es, es fracasar en la gestión y aferrarse al cargo”, escribió Otárola en sus redes sociales.
Argumentos constitucionales y el debate sobre incapacidad moral
Constitucionalistas han señalado que el problema principal no es el procedimiento médico de Boluarte, sino la falta de notificación al Congreso, un requisito establecido en la Constitución en casos de incapacidad temporal del presidente.
“Si la presidenta no estaba en condiciones de ejercer sus funciones, debía delegarlas al presidente del Congreso. No hacerlo es una omisión que compromete la legalidad de sus acciones durante ese tiempo”, explicó el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga.
Por su parte, la congresista Norma Yarrow argumentó que si Boluarte estuvo ausente por más de dos días sin informar, esto sería una causal legítima para su vacancia por incapacidad moral.
Implicancias políticas y posibles escenarios
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la figura de incapacidad moral como causal de vacancia presidencial. Desde el inicio del mandato de Dina Boluarte, su relación con el Congreso ha sido tensa, y este incidente ha añadido presión sobre su gestión.
Los próximos pasos estarán en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá evaluar la procedencia de la denuncia. En paralelo, la Comisión de Fiscalización podría solicitar facultades especiales para investigar a fondo las circunstancias en torno a la cirugía y la supuesta ausencia de Boluarte.
Definición de responsabilidades y consecuencias a futuro
La controversia sobre la operación estética de la presidenta Dina Boluarte pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las altas esferas del poder. Aunque desde el Ejecutivo se ha insistido en que la mandataria no descuidó sus responsabilidades, los cuestionamientos sobre el manejo del caso y la falta de comunicación oficial dejan dudas sobre posibles omisiones constitucionales.
El desenlace del caso no solo tendrá repercusiones legales para Boluarte, sino que también definirá el nivel de confianza pública hacia su gestión y hacia las instituciones que deben garantizar el cumplimiento de la ley. En un contexto político marcado por la desconfianza y los conflictos, la denuncia constitucional presentada por Margot Palacios es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema democrático peruano.
Conclusión: una tormenta política en pleno auge
Mientras el Congreso debate si existen fundamentos suficientes para proceder con la denuncia y evaluar una eventual vacancia, el Ejecutivo busca minimizar la controversia y mantener la estabilidad gubernamental. Sin embargo, este caso pone en evidencia la fragilidad del equilibrio institucional en Perú y los riesgos que representa una crisis de confianza en las más altas autoridades del país.
La cirugía de Dina Boluarte, que inicialmente parecía un tema personal, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre la legalidad, la ética y el respeto por la Constitución en la gestión del poder presidencial.
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