La suspendida fiscal Superior Elizabeth Peralta, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, será trasladada al penal de Mujeres de Chorrillos, conocido como Santa Mónica, donde cumplirá la medida de prisión preventiva por 18 meses dictada en su contra. Esta decisión fue tomada por la junta de clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras la entrega voluntaria de Peralta a las autoridades el pasado 4 de diciembre.
Peralta, quien enfrenta acusaciones vinculadas al exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como «Chibolín», permanecía en la carceleta del INPE en Ancón II desde su entrega. Según su abogado, Benji Espinoza, la defensa ha decidido no acogerse a la figura de la colaboración eficaz, sosteniendo que no hay pruebas objetivas que respalden las acusaciones en su contra.
La estrategia de defensa y los cargos que enfrenta
El abogado de Peralta, en una reciente entrevista, adelantó que buscarán desvirtuar las acusaciones mediante pericias y declaraciones que demuestren que su cliente es inocente. Además, descartó rumores sobre un intento de fuga, indicando que la fiscal simplemente estuvo inubicable por un día antes de entregarse de forma voluntaria para evitar cualquier percepción de riesgo procesal.
«Mi defendida no se someterá a colaboración eficaz porque no hay fundamento en las acusaciones. Hemos presentado un hábeas corpus y estamos trabajando en recopilar pruebas que demuestren su inocencia», señaló Espinoza.
Peralta está siendo investigada junto con Hurtado y el empresario Javier Meu Lei por presuntas actividades ilícitas que incluyen la recepción de un soborno de un millón de dólares y un supuesto intento de extorsión a la familia Siucho. Las autoridades sostienen que estas acciones constituyen un grave agravio contra el Estado.
El juez supremo Gustavo Álvarez decidió revocar una medida anterior que permitía a Peralta enfrentar el proceso en libertad, argumentando que la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga justificaban la prisión preventiva.
El penal de Santa Mónica: contexto y condiciones
El Establecimiento Penitenciario Mujeres de Chorrillos, conocido como Santa Mónica, es una de las cárceles más emblemáticas de Perú. Fundado en 1952, fue diseñado originalmente para albergar a 250 internas, aunque hoy en día su población supera las 5,300 mujeres, divididas entre procesadas y sentenciadas.
Ubicado en la avenida Defensores del Morro, el penal ha sido objeto de críticas por su sobrepoblación y limitaciones estructurales que dificultan la seguridad. Además, su ubicación cercana a áreas urbanas y la falta de perímetros amplios para maniobras de seguridad complican su manejo.
Entre las reclusas notorias que han pasado por este penal figuran personajes vinculados a casos de alto perfil, lo que refuerza la percepción de Santa Mónica como el destino principal para mujeres acusadas de delitos graves.
Caso «Chibolín»: un escándalo que salpica a múltiples figuras
El caso que involucra a Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado «Chibolín» ha sido uno de los más mediáticos en los últimos meses, debido a las acusaciones de corrupción que vinculan a figuras públicas con sobornos y tráfico de influencias.
Entre las acusaciones más graves, se señala que Peralta habría solicitado 100,000 dólares a la familia Siucho para detener una investigación contra su empresa, Quantico Servicios Integrados. La falta de entrega del monto completo habría provocado la continuación del proceso, lo que generó sospechas de extorsión.
Por otro lado, se le atribuye haber recibido un soborno millonario de Javier Meu Lei, gestionado por Hurtado, lo que llevó a la Fiscalía Suprema a abrir una investigación preliminar liderada por el fiscal Alcides Chinchay.
«Los elementos recabados hasta ahora muestran un patrón de actividad ilícita coordinada entre estas personas, lo que agrava la situación de la investigada», declaró una fuente cercana al Ministerio Público.
Una defensa que enfrenta múltiples obstáculos
La estrategia legal de Benji Espinoza enfrenta desafíos significativos, ya que las pruebas presentadas por el Ministerio Público incluyen registros de comunicaciones y declaraciones de testigos clave. Sin embargo, el abogado insiste en que estas evidencias no son concluyentes y confía en revertir la medida de prisión preventiva a través de recursos legales.
El equipo de defensa también ha señalado posibles irregularidades en la forma en que se procesaron las acusaciones, y ha solicitado que se evalúen exhaustivamente las pruebas antes de llegar a un juicio formal.
Implicancias políticas y sociales del caso
El caso de Elizabeth Peralta no solo expone posibles actos de corrupción dentro del sistema judicial, sino que también pone de manifiesto las fallas estructurales en el manejo de figuras públicas acusadas de delitos graves. Para muchos, este proceso es un indicador de la desconfianza generalizada en las instituciones públicas.
Organizaciones de derechos humanos han mostrado preocupación por las condiciones de los penales en Perú, especialmente en casos de detención preventiva prolongada. Según expertos, la sobrepoblación y la falta de acceso a recursos adecuados podrían afectar tanto a la defensa de Peralta como a su bienestar general.
Conclusión: un proceso bajo la lupa pública
El traslado de Elizabeth Peralta al penal de Santa Mónica marca un nuevo capítulo en un caso que continúa capturando la atención nacional. Mientras la Fiscalía avanza en sus investigaciones, la defensa insiste en que las acusaciones son infundadas.
A medida que se desarrollan los eventos, este caso podría sentar un precedente en el manejo de delitos de corrupción en el sistema judicial peruano, dejando en evidencia tanto sus fortalezas como sus debilidades. Las próximas audiencias serán clave para determinar el rumbo del proceso y las posibles repercusiones legales y políticas para los involucrados.
