La cirugía estética de nariz realizada a la presidenta Dina Boluarte durante su mandato continúa generando polémica y abriendo interrogantes sobre posibles infracciones constitucionales. Tras las declaraciones del expremier Alberto Otárola, quien confirmó que la mandataria se sometió a una rinoplastía en junio de 2023, el exministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que no fue informado sobre el procedimiento médico ni sobre una eventual ausencia de la presidenta.
«No tuve conocimiento en ningún momento. Siempre que he ido a Palacio, la presidenta estaba presente. Seguramente me encontraba fuera de Lima en esos días», declaró Romero a los medios.
El exfuncionario pidió respeto hacia Boluarte, pero reconoció que su decisión personal de someterse a la cirugía podría haber afectado sus funciones públicas, algo que ahora será materia de investigaciones constitucionales y políticas.
Revelación de Otárola y controversia constitucional
El pasado 3 de diciembre, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el expremier Alberto Otárola confirmó que Dina Boluarte se sometió a un procedimiento quirúrgico en junio de 2023. Según Otárola, la mandataria continuó ejerciendo sus funciones de manera remota, incluso durante su recuperación.
«La presidenta no estuvo desatendiendo sus labores en ningún momento. Me consta que trabajó virtualmente y cumplió con sus responsabilidades», aseguró Otárola.
Sin embargo, constitucionalistas y congresistas han señalado que la intervención quirúrgica, al haber implicado el uso de anestesia general y un período de recuperación, pudo generar un vacío de poder que debió notificarse al Congreso. La denuncia constitucional presentada por la congresista Margot Palacios acusa a Boluarte de haber violado la Constitución al no delegar formalmente sus funciones ni informar al Legislativo sobre su estado.
Congreso evalúa denuncia constitucional
La congresista Margot Palacios ha presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, argumentando que la presidenta incurrió en una infracción al no comunicar su ausencia temporal. Según la Constitución peruana, cualquier incapacidad temporal del jefe de Estado debe notificarse al Congreso, y las funciones presidenciales deben delegarse al primer vicepresidente o al presidente del Consejo de Ministros.
La denuncia señala que Boluarte habría dejado un vacío de poder durante el tiempo en que estuvo bajo los efectos de la anestesia y en recuperación postoperatoria, lo que, según Palacios, podría constituir causal de vacancia.
«Si la presidenta estuvo ausente por dos o tres días, esto sería una falta grave a la Constitución. Es necesario que se investigue y se esclarezcan los hechos», afirmó la congresista Norma Yarrow.
La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el legislador Juan Burgos, ha solicitado facultades especiales para investigar el caso. En paralelo, la denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Respuesta de Palacio y contexto político
Desde Palacio de Gobierno se ha negado que la cirugía de Boluarte haya implicado un abandono de responsabilidades. Fuentes cercanas a la presidencia aseguran que la mandataria continuó trabajando de manera remota durante su recuperación, aunque constitucionalistas han señalado que esta modalidad no está contemplada en la ley peruana para casos en los que el presidente permanece dentro del territorio nacional.
El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio político hacia el gobierno de Boluarte, que ya enfrenta cuestionamientos por su manejo de la crisis política y social en el país. La polémica en torno a su cirugía ha sumado presión tanto sobre la figura presidencial como sobre los funcionarios que estuvieron en su entorno durante el procedimiento médico.
Implicaciones legales y éticas
La controversia ha reavivado el debate sobre las responsabilidades éticas y legales del jefe de Estado. Constitucionalistas como Aníbal Quiroga han señalado que, más allá de la naturaleza personal de la intervención quirúrgica, la presidenta tenía la obligación de informar al Congreso sobre su incapacidad temporal y delegar funciones formales.
Por otro lado, analistas políticos han cuestionado la transparencia del gobierno al no haber comunicado oportunamente el procedimiento, lo que podría interpretarse como una falta de respeto hacia las instituciones democráticas.
«La opacidad con la que se manejó este tema refleja un problema mayor de comunicación y transparencia en la actual administración», opinó el analista político Carlos Meléndez.
El rol de Vicente Romero en las investigaciones
El exministro del Interior Vicente Romero, quien formó parte del gabinete de Boluarte durante el período en que se realizó la cirugía, ha sido señalado por no haber notificado al Congreso sobre la posible ausencia de la mandataria. Romero, sin embargo, ha negado tener conocimiento del procedimiento y ha expresado su disposición a someterse a las investigaciones correspondientes.
«Siempre he cumplido con mis responsabilidades, y si se requiere, participaré en las investigaciones para esclarecer cualquier duda», aseguró Romero.
Reacciones del Congreso y próximos pasos
La denuncia constitucional contra Dina Boluarte se suma a un panorama político marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras algunos congresistas como Norma Yarrow han planteado que la cirugía podría ser causal de vacancia, otros han pedido cautela y un análisis exhaustivo de los hechos antes de tomar decisiones drásticas.
La Comisión de Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrán un papel clave en determinar si el caso amerita una investigación más profunda o un eventual proceso de destitución.
En las próximas semanas, se espera que el Congreso decida si otorga facultades especiales para investigar a la mandataria y si la denuncia constitucional avanza hacia una etapa formal.
Conclusión: una polémica que desafía la institucionalidad
El caso de la cirugía de Dina Boluarte plantea interrogantes sobre los límites entre las decisiones personales de los líderes y sus responsabilidades públicas. Mientras las investigaciones avanzan, el tema se ha convertido en un reflejo de las fragilidades del sistema político peruano y de la necesidad de garantizar una mayor transparencia en la gestión pública.
La respuesta del Ejecutivo, sumada a las acciones del Congreso, definirá no solo el destino de Boluarte, sino también la percepción pública sobre la solidez y la legitimidad de las instituciones democráticas en el país.
