La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude en los fondos que la Unión Europea destinó a la compra de las pulseras antimaltrato que gestiona el Ministerio de Igualdad de España. Este jueves, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en Madrid, para recabar información solicitada por el organismo europeo, según informó El Confidencial y confirmó la propia Fiscalía Europea.
El organismo comunitario, con sede en Luxemburgo, precisó que las averiguaciones comenzaron en 2025 y que no facilitará más detalles sobre el estado del procedimiento ni el contenido concreto de las inspecciones, con el objetivo de proteger el desarrollo de las actuaciones. La UCO actúa como policía judicial a las órdenes de la Fiscalía Europea. Hasta el momento no se ha comunicado a quién se investiga, de cuánto sería el posible fraude ni qué se busca en cada sede.
El Tribunal de Cuentas confirmó a RTVE que los agentes se encuentran en sus dependencias en relación con una solicitud de información. El organismo fiscalizador aprobó el 22 de septiembre de 2026 el Informe de Fiscalización n.º 1.695, sobre la contratación, ejecución y control del servicio de dispositivos telemáticos de seguimiento de medidas de alejamiento en el ámbito del Ministerio de Igualdad.
Qué se investiga y por qué compete a la Fiscalía Europea
Las pesquisas se centran en el uso de los recursos comunitarios otorgados para adquirir los dispositivos de control telemático, herramientas utilizadas para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento y de las condenas impuestas en casos de violencia de género. Al tratarse de una partida financiada con fondos de la Unión Europea, cualquier anomalía o desvío de dinero entra de forma directa bajo la competencia de la justicia comunitaria, lo que explica la actuación del organismo supranacional en territorio español.
Los recursos provienen del plan de recuperación NextGenerationEU, que la UE puso a disposición de todos los países miembro. Según El Distrito, España pagó 6,4 millones procedentes de ese plan europeo dentro del contrato de 42,6 millones de las pulseras antimaltrato. La investigación se inició en 2025, aunque las actuaciones de este jueves coinciden con la víspera del arranque de la campaña electoral en España.
La posición del Ministerio de Igualdad
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, prometió "colaboración absoluta" con la investigación, según recogió ElDiario.es. En declaraciones difundidas por ese medio, la titular del sector sostuvo:
"Este es un debate manipulado, lleno de bulos y mentiras. Tenemos un contrato que mejora todos los aspectos y corrige las disfunciones del contrato anterior".
"No se puede poner en riesgo la vida de las víctimas que necesitan estos dispositivos para mantenerse a salvo. Está en juego la vida de más de 40.000 mujeres. Somos los primeros interesados en que se fiscalice hasta el último céntimo".
Una cadena de incidentes técnicos previos
La sospecha de fraude se suma a una serie de incidentes técnicos registrados en los dispositivos. Según la Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, un error en el sistema informático que controla las pulseras, denominado Cometa, dejó un "vacío informativo" que provocó "una gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos de agresores, porque los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. El fallo se produjo a raíz del cambio de empresa adjudicataria y provocó durante "varios meses" la pérdida de datos anteriores a marzo de 2024, lo que supuso una "potencial desprotección de las víctimas", según el mismo documento.
La cronología de los problemas incluye los siguientes hitos:
- De Telefónica a Vodafone. A finales de 2023, el servicio telemático pasó de Telefónica a una unión temporal de empresas (UTE) de Vodafone y Securitas. En la migración se perdió durante meses el acceso al histórico de ubicaciones de algunos agresores y varios juzgados no pudieron probar quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
- Fallos en los dispositivos. Se detectaron fugas de batería, GPS impreciso y equipos que transmitían por 2G/3G cuando el contrato pedía 4G, redes antiguas en proceso de extinción.
- La caída de noviembre de 2025. El sistema estuvo caído cerca de 13 horas por un enrutador que reparte los mensajes de alerta entre las distintas plataformas. El Ministerio de Igualdad multó a Vodafone con 25.285 euros.
- La auditoría del Tribunal de Cuentas. En septiembre, el organismo detectó "graves deficiencias" en la contratación y el seguimiento de los contratos de 2018, 2021 y 2023, que suman 102,6 millones. Ninguno preveía de entrada un plan de transición entre proveedores.
El servicio de control telemático, conocido como sistema Cometa, tiene un coste de 42,6 millones de euros por tres años, según La Razón. El Ministerio de Igualdad ha sostenido que los problemas técnicos fueron solucionados y que el sistema funciona con normalidad.
Lo que queda por conocer
Las autoridades europeas no han precisado qué operación concreta se investiga, si el presunto fraude tiene relación con la diferencia entre lo pagado y lo entregado, con la justificación del gasto ante Bruselas o con otra circunstancia. Tampoco se ha identificado a personas investigadas. Hasta que se levante el secreto de las actuaciones, la única certeza es que el problema de las pulseras ha dejado de ser solo técnico.
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