El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, ha revelado una propuesta formal y detallada remitida al Consejo Superior de Deportes (CSD) para agravar las sanciones contra quienes agredan a árbitros, especialmente en el fútbol base. La iniciativa busca incluir estas agresiones en la reforma de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Equiparación con delitos contra la autoridad
El estamento arbitral quiere que las agresiones a la figura arbitral se recojan en el Código Penal y se equiparen a las cometidas contra agentes del orden público, maestros y sanitarios. Para ello, se apoya en el Artículo 550 del citado código, que castiga estos actos con penas de cárcel de entre seis meses y tres años.
El artículo establece que son reos de atentado quienes agredan o, con intimidación grave o violencia, opongan resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones. También considera actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de su cargo.
Las penas varían: de uno a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses si el atentado es contra autoridad, y de seis meses a tres años de prisión en los demás casos.
Próximos pasos
El siguiente paso desde el CTA es reunirse con todas las fuerzas políticas para lograr este cambio, que consideran fundamental. No obstante, el proceso no es sencillo, pues exige una modificación del Código Penal.
Además, el CTA ha pedido a los árbitros del fútbol no profesional que apliquen de forma estricta el protocolo de violencia verbal, en un contexto de preocupante proliferación de incidentes violentos contra los colegiados.
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