Testimonios y pruebas contra la legisladora y su esposo. Congresista Medina niega acusaciones de corrupción y liderazgo criminal
Sindica directamente al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, como el presunto artífice de una campaña para desacreditarla
La congresista Elizabeth Medina Hermosilla enfrenta graves acusaciones de corrupción y vínculos con una presunta organización criminal. En una entrevista con el programa Panorama, la legisladora rechazó categóricamente los cargos, calificándolos como parte de una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos.
La congresista Elizabeth Medina se encuentra en el centro de una controversia que amenaza con sacudir el escenario político nacional. Acusada de liderar una organización criminal y de participar en actos de corrupción, Medina ha decidido romper el silencio y enfrentar las imputaciones en su contra.
Gobernador Antonio Pulgar Lucas sindicado como presunto responsable
En una entrevista tensa y cargada de emociones, la legisladora negó rotundamente todas las acusaciones, señalando directamente al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, como el presunto artífice de una campaña para desacreditarla. “El señor que está detrás de todo esto que están armando es el gobernador regional, presuntamente con su área de imagen”, declaró Medina, añadiendo: “Solamente tu conciencia sabe cómo han llegado esas informaciones. Tú lo estás sabiendo, tú tienes conocimiento. ¿Por qué han armado todo esto? Para que desprestigien mi imagen”.
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La situación se complica para Medina ante la existencia de testimonios que la implican directamente en actividades ilícitas. Según documentos de la investigación, se señala una “organización criminal liderada por la citada congresista de la República que habría logrado el direccionamiento de los siguientes procesos”. Frente a estas acusaciones, Medina respondió con firmeza: “Todo hecho tiene que ser probable. Lo único que les digo es prueben, prueben”.
La congresista también enfrentó cuestionamientos sobre el origen de sus bienes, específicamente una camioneta de lujo que ha sido objeto de especulaciones. Medina aseguró ser empresaria y tener negocios propios desde hace años, negando categóricamente que el vehículo haya sido adquirido con dinero ilícito. “Pido que haga una auditoría a la Sunat, a mi empresa y va a salir la verdad. Yo no tengo nada que esconder”, manifestó, desafiando a las autoridades a investigar sus finanzas.
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Contexto político y legal
La investigación en curso no solo involucra a la congresista Medina, sino también a su esposo, quien presuntamente habría recibido coimas. Además, se mencionan conexiones con autoridades locales, como el alcalde de Tingo María, lo que sugiere una red de corrupción que podría extenderse a varios niveles de gobierno en la región.
Medina insistió en que las acusaciones forman parte de una estrategia para obstaculizar su labor de fiscalización. “Con eso me quieren tapar la boca, con eso me quieren decir ya no me fiscalices, voy a seguir haciendo mi trabajo de fiscalización”, afirmó la congresista, mostrándose determinada a continuar con sus funciones a pesar de la presión mediática y política.
Reacciones y consecuencias
Por su parte, Medina ha anunciado acciones legales contra quienes considera responsables de difamación, incluyendo a la excongresista Cecilia García y al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas. “Y también le he denunciado al gobernador regional, porque ese señor no me puede a mí vincular con actos de corrupción, lo cual yo estoy negando rotundamente”, declaró.
Llamado a la investigación
La congresista Medina hizo un llamado a las autoridades competentes para que realicen una investigación exhaustiva y transparente. “Yo quiero que salga, lo único que pido es que estas investigaciones se esclarezcan y salga la verdad”, expresó, añadiendo: “Yo soy consciente y sé que no tengo nada que temer. Y las voces se tendrán que aclarar”.
El caso Medina pone de manifiesto la complejidad de las acusaciones de corrupción en el ámbito político peruano y la necesidad de mecanismos efectivos para investigar y sancionar estos presuntos delitos. Mientras tanto, la opinión pública espera que se esclarezcan los hechos y se determine la verdad detrás de estas graves acusaciones que amenazan con socavar la confianza en las instituciones democráticas del país.
