La situación de Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, se ha complicado aún más tras la reciente decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien rechazó la solicitud de cese de prisión preventiva presentada por la defensa del exconductor de televisión. Segun Luis Paucar para Infobae, Hurtado, acusado de estar involucrado en una compleja trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos, se enfrenta a un panorama legal cada vez más sombrío. El juez argumentó que no había nuevos elementos que justificaran la modificación de la medida cautelar, lo que dejó a la defensa sin opciones inmediatas para cambiar el curso del caso.
El abogado defensor, Elio Riera, había solicitado que se le cambiara la medida de prisión preventiva a una menos severa, citando el arraigo domiciliario de Hurtado y sus condiciones de salud. Sin embargo, el juez Checkley consideró que los documentos presentados, como el DNI de la hija menor de Hurtado, el acta de nacimiento y las constancias de estudios, no eran suficientes para modificar la decisión previa sobre su encarcelamiento. “Estos no constituyen nuevos elementos que pudieran desvirtuar los motivos que justificaron la prisión preventiva en su momento”, afirmó el juez en su resolución.
Un rechazo tajante a la solicitud de cese de prisión preventiva
La defensa de Hurtado había sostenido que las condiciones de salud del acusado, que incluyen diabetes e hipertensión, podrían ser tratadas de manera ambulatoria. Sin embargo, el magistrado Juan Carlos Checkley indicó que, a pesar de estas afecciones, no existía justificación suficiente para que el exconductor recibiera tratamiento fuera del penal. “Las enfermedades mencionadas pueden ser tratadas ambulatoriamente, sin que haya un fundamento suficiente para modificar la medida cautelar”, explicó Checkley, reforzando su posición en contra de la solicitud de la defensa.
Esta decisión mantiene a Hurtado bajo prisión preventiva en el penal de Lurigancho, donde permanece desde octubre del año pasado. La situación de Hurtado no mejora, ya que, según las autoridades judiciales, no se han presentado pruebas nuevas que modifiquen su situación legal, lo que refuerza la postura de que debe seguir detenido mientras se esclarecen los cargos en su contra.
La Fiscalía avanza con el interrogatorio clave
En paralelo a esta negativa, la Fiscalía ha programado para este miércoles un interrogatorio clave en el penal de Lurigancho. A las 11:00 horas, Andrés Hurtado deberá declarar ante los fiscales encargados del caso, lo que podría ser un punto de inflexión importante en su proceso legal. Según el periodista Alonso Ramos, esta declaración podría ser una oportunidad para que Hurtado se acoga a la figura de la colaboración eficaz, un mecanismo legal que podría ayudarle a mitigar su situación.
“La colaboración eficaz no está cerrada; es una posibilidad latente y él podrá hacerlo cuando lo considere oportuno. No considero viable acogernos (a esta figura) con la información que tiene, aunque es relevante para que la Fiscalía pueda investigar a determinados funcionarios, si es que aplica”, declaró semanas atrás el abogado de Hurtado, mostrando que la defensa no descarta esta opción, pero considera que aún no es el momento adecuado para tomarla. Si Hurtado decide colaborar, podría proporcionar información clave sobre otros involucrados en la red de corrupción, lo que podría reducir las penas o incluso llevar a un acuerdo favorable con las autoridades.
El contexto de los cargos y las implicancias judiciales
Andrés Hurtado está acusado de haber formado parte de una red de tráfico de influencias y sobornos, junto a varios otros implicados. Se le señala de haber solicitado la intervención de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, en favor del futbolista Roberto Siucho, para facilitarle un trámite en 2019. Además, el exconductor es sospechoso de estar involucrado en una serie de delitos relacionados con el lavado de activos.
El pasado diciembre, el Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva para Hurtado por un periodo de nueve meses, tras la revelación de su posible implicación en la red de corrupción que también involucra a otras figuras. La Fiscalía considera que las evidencias recolectadas hasta ahora son suficientes para mantener la medida cautelar.
“En las resoluciones previas ya se había analizado el caso en detalle y no había elementos nuevos para modificar la situación de prisión preventiva”, explicó el magistrado Checkley, reiterando que las pruebas presentadas por la defensa no alteraban la gravedad de los cargos. La solicitud de variación de prisión fue finalmente rechazada.
La Procuraduría General del Estado pide reparación civil
Un aspecto clave del caso es la petición de la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha solicitado una reparación civil de 6 millones de soles, la cual debería ser asumida de manera solidaria por Andrés Hurtado, el empresario Javier Miu Lei, el confesor Iván Siucho y la fiscal suspendida Elizabeth Peralta. Esta solicitud de reparación se centra en los perjuicios ocasionados por la red de corrupción que involucraba sobornos y otros delitos financieros.
La PGE ha solicitado que Hurtado y los otros implicados sean responsables de pagar dicha reparación, como parte de las consecuencias legales de su involucramiento en el caso. La reparación civil es una herramienta utilizada para resarcir los daños ocasionados por delitos de esta magnitud, y su solicitud es una clara muestra del impacto que este caso podría tener tanto en el ámbito judicial como en el político.
En cuanto a los otros involucrados, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta enfrenta acusaciones graves, como el ofrecimiento de influencias a cambio de grandes sumas de dinero, incluyendo un millón de dólares por la devolución de oro incautado. También se le acusa de haber recibido 80,000 dólares a cambio de intervenir en una investigación por lavado de activos contra un competidor de Miu Lei, lo que coloca su figura en una posición muy comprometida dentro de la trama de corrupción.
Las investigaciones continúan
Por su parte, otros personajes clave en el caso siguen bajo investigación. Javier Miu Lei y Siucho, aunque no están detenidos, siguen siendo investigados por su posible participación en la red de tráfico de influencias y lavado de activos. Según informes judiciales, Miu Lei y Siucho enfrentan serias acusaciones de haber sido partícipes en los sobornos y manipulaciones dentro de la red de corrupción que implicaba a funcionarios públicos y empresarios.
Un hecho destacado en el caso es el intento de Hurtado de obtener 100,000 dólares de la familia de Iván Siucho, con el objetivo de frenar una investigación contra la empresa Quantico Servicios Integrados. Aunque el monto no fue completado, la transacción fue registrada, lo que permitió que la Fiscalía iniciara una investigación formal. Además, el Ministerio Público cuenta con pruebas clave, como un comprobante de depósito en la cuenta de Hurtado, que podría ser utilizado como evidencia crucial en el juicio.
Conclusión: El futuro de ‘Chibolín’ en manos de la justicia
La situación de Andrés Hurtado, conocido en los medios como ‘Chibolín’, sigue siendo muy incierta. Con la reciente negativa del juez Checkley a modificar su prisión preventiva, la situación legal del exconductor parece empeorar, a pesar de los esfuerzos de su defensa. El interrogatorio clave que se celebrará este miércoles en el penal de Lurigancho podría ser una oportunidad para que Hurtado opte por la colaboración eficaz, lo que podría modificar el rumbo del caso, pero también podría implicar un reconocimiento de su implicación en una red de corrupción de gran escala.
“La colaboración eficaz podría ser una herramienta clave para que Hurtado mitigue su situación, pero aún es incierta la decisión que tomará”, señaló su abogado. Mientras tanto, la justicia sigue su curso y la Fiscalía continúa con la investigación de todos los implicados, buscando respuestas sobre uno de los casos más complejos de corrupción en el país.
