En una votación que ha generado controversia en la política peruana, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación un proyecto de ley que restituye el financiamiento privado para los partidos políticos. La nueva norma permitirá que las organizaciones políticas reciban hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en aportes anuales, un aumento significativo respecto al límite anterior de 120 UIT. Según María Alejandra Gonzales para Infobae, esta ley establece que los partidos puedan financiar con recursos públicos los gastos relacionados con la asesoría legal y patrocinio a sus directivos, representantes y voceros. La ley fue aprobada con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, y ahora está a la espera de ser promulgada por el Ejecutivo.
Sin embargo, esta reforma ha sido cuestionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que alertó sobre varios riesgos que podrían afectar la transparencia y la equidad en los procesos electorales del país. La ONPE, que elaboró un informe técnico detallado sobre la ley, subrayó las posibles inconsistencias en la normativa, advirtiendo que los cambios podrían desnaturalizar los objetivos de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y comprometer la transparencia del sistema electoral.
«Se han identificado inconsistencias que podrían desnaturalizar los propósitos de la normativa vigente», expresó el gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la ONPE, Juan Enrique Pestana Uribe, en el informe titulado Informe N.º 577-2024-GAJ/ONPE. En su análisis, la ONPE planteó una serie de objeciones en torno al incremento de los límites del financiamiento privado y la inclusión de nuevos mecanismos para los aportes «confidenciales».
Los cambios propuestos y sus implicaciones
La principal modificación aprobada en la ley se refiere al aumento del límite de financiamiento privado permitido para los partidos políticos. De acuerdo con el nuevo texto, las organizaciones políticas podrán recibir hasta 200 UIT anuales por cada persona natural o jurídica, un cambio que ha generado amplias críticas tanto de expertos en el ámbito electoral como de miembros de la oposición. Además, un mismo aportante podrá contribuir a múltiples partidos políticos hasta un máximo de 500 UIT al año.
Este incremento ha sido considerado por la ONPE como una posible fuente de inequidad en las campañas electorales, ya que podría generar un desajuste en la competencia entre partidos con más recursos y aquellos con menos capacidad de financiarse. «Establecer límites adecuados resulta crucial para prevenir el financiamiento desproporcionado que pueda condicionar la influencia política», indica el informe de la ONPE. Según la institución electoral, los aportes privados, si no son regulados adecuadamente, pueden generar desequilibrios significativos que favorezcan a los partidos con mayores contribuciones y distorsionen la representatividad democrática.
Además de los cambios en el financiamiento privado, el proyecto de ley también amplía el uso de los recursos públicos para los partidos políticos. El nuevo artículo 29 plantea que el financiamiento público ahora podrá destinarse a los «gastos de asesoría y patrocinio legal» de los directivos, representantes y voceros de las organizaciones políticas. Esta medida ha sido especialmente criticada por la ONPE, que considera que dichos gastos no están relacionados con los fines fundamentales de los partidos políticos y que deberían estar enfocados en su funcionamiento, formación y difusión ideológica.
«Este gasto no está vinculado a los fines principales de las organizaciones políticas establecidos en su marco legal ni al artículo 35 de la Constitución Política del Perú», resalta el informe de la ONPE. A su juicio, permitir que los partidos financien con fondos públicos los gastos legales podría desviar recursos destinados a fortalecer las estructuras políticas hacia actividades que no están directamente relacionadas con la ideología o el funcionamiento de los partidos.
La polémica de los aportes “confidenciales”
Otro de los aspectos más polémicos de la ley es la inclusión de un nuevo artículo 30-C, que permitirá realizar aportes privados a los partidos políticos de manera confidencial, a través de cuentas gestionadas por el Banco de la Nación. La ONPE ha señalado que esta disposición podría generar serias debilidades en el sistema de financiamiento político, afectando la transparencia y la rendición de cuentas, dos principios fundamentales en cualquier democracia.
«La opacidad del sistema podría facilitar prácticas como el clientelismo político y el financiamiento ilegal, al carecer de un mecanismo robusto de supervisión pública», alertó la ONPE en su informe. Esta medida, según la ONPE, podría generar un vacío de información sobre el origen de los aportes, dificultando su fiscalización y permitiendo que grandes aportantes operen sin ser identificados públicamente. Además, la eliminación de la obligación de declarar los aportes recibidos podría dar paso a un sistema de financiamiento opaco, sin el debido control por parte de las autoridades competentes.
La ONPE también comparó esta medida con sistemas similares implementados en otros países, como Chile y Argentina, donde se intentaron mecanismos de aportes confidenciales, pero estos no solucionaron los problemas de transparencia y en algunos casos empeoraron la situación, según el análisis de la institución electoral.
«Estos modelos no solucionaron los problemas que se pretendían resolver, y en muchos casos, llevaron a la obsolescencia normativa», señala el informe de la ONPE, que recomienda, en cambio, priorizar medidas que aseguren un acceso claro a la información sobre el origen del financiamiento partidario.
Las críticas constitucionales y la postura de los congresistas
Durante el debate legislativo, varios congresistas manifestaron sus opiniones sobre la norma. La congresista Ruth Luque, una de las principales opositoras al dictamen, expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, argumentando que la Comisión Permanente del Congreso no tiene la competencia para modificar leyes orgánicas, según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020. Luque afirmó que el proceso de modificación debería haberse llevado a cabo por el pleno del Congreso, y no por una comisión que carece de la autoridad necesaria para tomar decisiones de esta magnitud.
«Este órgano (la Comisión Permanente) carece de competencia para modificar leyes orgánicas, como lo estipula una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020», señaló Luque, cuestionando la validez del proceso legislativo. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, defendió que la modificación se trataba de una ley ordinaria, no orgánica, y que cualquier objeción debía ser presentada ante el Tribunal Constitucional.
A pesar de las objeciones de Luque, la norma fue ratificada por el Congreso, y el dictamen ahora será enviado al Ejecutivo para su promulgación. Este proceso legislativo ha sido calificado por muchos como un paso atrás en la lucha por la transparencia en el financiamiento político y la lucha contra la corrupción.
Conclusiones y perspectivas futuras
La aprobación de esta ley ha generado una gran polarización en la política peruana, y ha puesto en evidencia las tensiones sobre el financiamiento político y su impacto en la equidad electoral. Mientras que algunos defienden que el aumento en el financiamiento privado y los recursos públicos destinados a los partidos políticos es una medida necesaria para fortalecer la democracia, otros advierten que estas reformas podrían abrir la puerta a prácticas corruptas y desproporcionadas que distorsionen la representatividad política en el país.
«Establecer límites adecuados resulta crucial para prevenir el financiamiento desproporcionado que pueda condicionar la influencia política», enfatizó la ONPE, mientras el debate sobre la transparencia y el control del financiamiento político sigue siendo un tema central en la agenda política de Perú. La ley aún tiene que pasar por la promulgación presidencial, y es posible que siga siendo objeto de revisión y controversia.
En este contexto, será fundamental que las autoridades competentes implementen medidas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento político, para evitar que las reformas resulten en un escenario de clientelismo político y prácticas ilegales. La ciudadanía deberá mantenerse vigilante, ya que el acceso a la información pública sobre los aportes a los partidos es esencial para que los votantes puedan tomar decisiones informadas en las urnas.
