Diecisiete naciones en desarrollo piden abrir un diálogo sobre una norma que consideran “punitiva y discriminatoria”
Un grupo de 17 países en desarrollo, liderado por Brasil, México e Indonesia, ha urgido a la Unión Europea a reconsiderar su reciente legislación contra la deforestación. En una carta colectiva dirigida a los líderes de la Unión Europea, los firmantes tildan la ley de “punitiva y discriminatoria”. Argumentan que las regulaciones, en vigor desde el pasado 29 de junio, podrían excluir a los pequeños productores de las cadenas de valor globales, no por prácticas de deforestación, sino por la incapacidad para cumplir con los requisitos exigidos.
La ley de la UE prohíbe la importación de siete productos específicos—entre ellos aceite de palma, cacao, y soja—que provengan de áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. La responsabilidad de probar el origen sostenible de estos productos recae sobre las empresas que deseen comercializarlos dentro de la UE.
Los 17 países signatarios, que incluyen a diez naciones latinoamericanas y varias de África y Asia, advierten que la ley ignora las realidades y capacidades locales, así como los mecanismos de certificación de los países en desarrollo. Solicitan que se emplee el período de 18 meses antes de la aplicación total de la ley para abrir un diálogo constructivo que permita ajustes legislativos.
La disputa legal añade tensión a las ya complicadas relaciones entre la UE y algunos países exportadores, exacerbando incluso conflictos diplomáticos existentes. Por ejemplo, en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado su creciente impaciencia con el estancamiento del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, intensificando las fricciones con Bruselas.
