El gobernador Juan Alvarado Cornelio cuenta con más de 19 denuncias por corrupción. Muchas de ellas están relacionadas a sobrevaloraciones, obras abandonadas y adquisiciones con serias irregularidades. En este último grupo figura la adquisición de casi 8000 autos que fueron destinados a los docentes, pero que resultó ser una enorme estafa. La fiscalía y la Procuraduría y Contraloría detectaron un perjuicio al Estado de nada más y nada menos que 23 millones de soles, lo cual es escandaloso e indignante.
Los equipos no solo no cumplieron con las especificaciones de software, sino tampoco con las de hardware. En resumen servían de poco, pero no para el trabajo para el que fueron destinados.
Juan Alvarado Cornelio dijo que él solo firma los documentos que le dan y no los revisa. Una afirmación realmente difícil de creer. Alvarado Cornelio, desde un inicio de la pandemia, seleccionó cuidadosamente a sus funcionarios de confianza, muchos de ellos ya tenían antecedentes de irregularidades. Es más, varios de ellos continúan en su gestión, solo han rotado de gerencia, y dejaron de lado el cumplimiento de requisitos que amerita el cargo.
Ahora resulta que el gobernador es muy confiado e inocente, y que prácticamente es una víctima de la situación. Porque ha dado a entender que a él lo han engañado haciéndole firmar esos documentos ilegales.
Muy curioso que diga eso, desde el inicio de su gestión, las denuncias de corrupción nunca han cesado de aparecer. Poco ha hecho para intentar lavarse la cara y mejorar su gestión. Por el contrario, la incapacidad y la corrupción han sido los estándares de su gestión.
Con respecto a la denuncia presentada por el fiscal Carrión Emilio sobre este caso, el juez Elmer Contreras Campos otorgó un plazo de 72 horas para que la fiscalía regularice los elementos faltantes como los documentos ilegibles que fueron presentados en la petición de prisión preventiva. Llama mucho la atención que la fiscalía cometa semejante error. Esperemos que no se trate de un contubernio y haya sido mera casualidad o error.
Para algunos dirigentes del grupo Coalición por la Dignidad, sería el juez quien pretendería desconocer los elementos para evitar la prisión preventiva de Alvarado. De haber sido el caso, nos imaginamos que la fiscalía ya hubiera hecho algún pronunciamiento.
Hoy se culmina las 72 horas de plazo.
