Transparencia y legalidad en la Administración Pública

Resulta inquietante observar cómo, en diversas regiones del país, algunos servidores públicos olvidan el compromiso ético inherente a su cargo, derivando en prácticas que manchan la esencia de la transparencia y la administración justa. Tal es el caso reciente del alcalde de Santa María del Valle, Wilson Palomino, señalado por posibles irregularidades en la contratación de personal sin el debido cumplimiento de requisitos.

Nos hemos acercado al reputado jurista Hernán Cajusol, con experiencia en administración y derecho, quien nos comparte su perspectiva sobre el asunto. Para Cajusol, si se comprueban estas denuncias, nos encontraríamos ante un potencial caso de corrupción que deslustra no solo la imagen del alcalde sino también el sentido de confianza de los vecinos. La contratación en la administración pública, en especial en cargos de liderazgo como el de alcalde, debe ser un proceso transparente y legal, pues de lo contrario podría derivar en consecuencias jurídicas graves, desde investigaciones fiscales hasta posibles sanciones penales y la vacancia del cargo.

Lamentablemente, esta situación no es exclusiva de Huánuco. A lo largo del país, especialmente en distritos más alejados, se observan falencias en la contratación, ya sea por falta de conocimiento, asesoría adecuada o, en ocasiones, por la intención de beneficiar a allegados o familiares, lo que compromete la integridad de la gestión.

La ley es clara y los procedimientos de contratación deben serlo aún más. La meritocracia y transparencia son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier entidad pública. Es crucial que las autoridades reconozcan la importancia de actuar dentro del marco legal, seleccionando al personal basándose en su mérito y capacidad. Es más, al contratar bajo estos principios, no solo se evitan posibles problemas legales, sino que también se garantiza un servicio público de calidad para los ciudadanos.

Desde este medio, instamos a las entidades competentes, como la Fiscalía y la Contraloría, a actuar con celeridad, investigando y aclarando estas situaciones. De igual forma, recordamos a todos los servidores públicos la importancia de su papel en la construcción de una sociedad justa y transparente. La confianza ciudadana es un tesoro que se gana con acciones, pero se pierde con facilidad. Es esencial salvaguardarla con integridad y compromiso.