La inseguridad ciudadana se ha convertido en un tema central en el debate público peruano, impulsado en parte por el aumento de la percepción de que las leyes actuales no están siendo efectivas para combatirla. Este sentimiento se agudiza en un contexto donde las cifras de criminalidad organizada y delitos comunes siguen siendo alarmantes, generando una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Según la investigación publicada por El Comercio, la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, manifestó su inquietud ante los resultados de la reciente encuesta de Datum, donde un significativo 62% de los peruanos opina que las leyes en materia de seguridad han terminado favoreciendo a la delincuencia.
Durante la conmemoración del 64 Aniversario de la Corte Superior del Callao, Tello Gilardi enfatizó la necesidad urgente de una política de Estado integral que involucre a todos los poderes del Estado, a las entidades públicas y privadas, así como a la participación activa de la ciudadanía. La magistrada subrayó que la preocupación expresada refleja el dolor de muchas familias afectadas por la violencia criminal, quienes demandan acciones coordinadas y efectivas para enfrentar este flagelo.
La presidenta del Poder Judicial advirtió que, en los últimos meses, se han promulgado leyes que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, lo han debilitado, especialmente en el ámbito penal, que es crucial para la lucha contra la delincuencia. En este sentido, recordó que la Corte Suprema elaboró un informe exhaustivo, producto del trabajo de una comisión de alto nivel, que fue remitido al Congreso de la República con el fin de que sea revisado y se realicen las modificaciones o derogaciones necesarias.
Tello Gilardi anunció que insistirá ante el Congreso en la revisión de aquellas normas que, en su opinión, no contribuyen a consolidar el sistema de justicia y que, de no ser modificadas, podrían perpetuar la percepción de inseguridad ciudadana. La titular del Poder Judicial se comprometió a presentar el mencionado informe ante la comisión del Congreso encargada de elaborar una propuesta de reforma sobre la administración de justicia.
Adicionalmente, la presidenta del PJ solicitó la pronta promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva, recientemente aprobada por el Parlamento, instando a que se le asigne el presupuesto correspondiente para su efectiva implementación. Argumentó que la falta de recursos y la aplicación de leyes inadecuadas conducen a situaciones en las que personas detenidas son liberadas bajo comparecencia restringida, generando críticas injustas hacia el Poder Judicial y la Fiscalía, cuando estas instituciones solo están aplicando las leyes vigentes.
