En un reciente informe presentado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y citado por Pamela Arroyo en La República, se han documentado múltiples agresiones a la libertad de expresión y a la prensa en Perú bajo el gobierno de Dina Boluarte. El informe describe un entorno en el que periodistas enfrentan amenazas directas y restricciones para informar, una situación que el CPP considera crítica y que ha colocado a Perú en la categoría de “alta restricción” en el índice Chapultepec de libertad de expresión. Entre los casos destacados se encuentran la amenaza de muerte a un periodista, el concepto de “terrorismo de imagen” empleado por el gobierno y limitaciones al acceso a información pública.
Restricciones y ataques: “terrorismo de imagen” y amenaza a periodistas
Uno de los puntos más alarmantes del informe se centra en el uso del término “terrorismo de imagen” por parte de la presidenta Dina Boluarte, quien calificó así a ciertas noticias que considera dañinas para su imagen pública. El primer ministro Gustavo Adrianzén respaldó esta postura al señalar que existen noticias falsas cuyo fin es, supuestamente, desestabilizar el país. En la misma línea, el congresista Waldemar Cerrón habló de “terrorismo de prensa”, afirmando que el periodismo en Perú busca crear caos a través de reportajes críticos hacia el gobierno.
El uso de estas expresiones no solo ha sido criticado por asociaciones de prensa, sino que también ha sido interpretado como un intento de desacreditar y minimizar el trabajo de los medios, asociándolos con prácticas subversivas. Este tipo de discurso, según el CPP, representa una amenaza para los periodistas y fomenta un clima de censura y autocensura en el país.
Uno de los casos más inquietantes es el de José Miguel Hidalgo, periodista del programa Cuarto Poder de América Televisión, quien denunció haber recibido amenazas de muerte luego de emitir un reportaje sobre Ciro Castillo, gobernador del Callao, y su hijo. En el video intimidatorio, un hombre armado advierte a Hidalgo para que no continúe con sus investigaciones sobre figuras del Callao, mencionando explícitamente que “le volaría los sesos”. El sujeto se identificó como miembro de una peligrosa organización criminal, el “Tren de Aragua”, lo que ha despertado una fuerte preocupación en el gremio periodístico y entre defensores de derechos humanos.
Acceso restringido a la presidenta y limitaciones en la cobertura de eventos
Otro de los casos descritos en el informe del CPP es la restricción en el acceso de los periodistas a eventos oficiales y la limitación de sus interacciones con la presidenta Boluarte. Tras 106 días sin declaraciones públicas, la presidenta ofreció una conferencia de prensa limitada a ciertos medios seleccionados. Durante el evento, mostró una actitud distante y evitó responder varias preguntas. Posteriormente, en un evento en San Martín, cerca de 15 periodistas locales fueron ubicados en una zona cercada y distante de la mandataria, dificultando la cobertura de los medios y evitando que pudieran realizar preguntas.
Estas prácticas representan un retroceso en el acceso a la información y obstaculizan la transparencia en la comunicación gubernamental. Según el CPP, estos patrones reflejan un intento del gobierno de controlar la narrativa y reducir la exposición a preguntas críticas en contextos públicos.
Agresiones físicas en la cobertura de protestas y paros
El informe también documenta los casos de violencia sufrida por periodistas durante la cobertura de protestas y paros de transportistas. En diversos incidentes en Lima, reporteros como Víctor Castillo (América TV), Noelia Vallvé (Wayka), Juan Mandamiento (independiente) y Enzo Vidal (Panamericana) fueron agredidos físicamente mientras realizaban su trabajo. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha sido señalada como la responsable de estos ataques, que incluyeron golpes, empujones y codazos. Esta violencia en contra de la prensa es preocupante y, de acuerdo con el CPP, muestra la falta de garantías de seguridad para periodistas que cubren eventos de interés social, especialmente cuando el gobierno enfrenta protestas y tensiones con ciertos sectores de la ciudadanía.
Sinadef: Obstáculos en el acceso a información pública sobre seguridad ciudadana
El Consejo de la Prensa Peruana también abordó el caso del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), cuya actualización ha sido interrumpida, generando preocupación por la falta de transparencia en temas críticos de seguridad ciudadana. Según datos de Sinadef, el número de homicidios en el país alcanzó los 1,493 en octubre de 2024, superando ya el total de 2023. Sin embargo, esta estadística no ha sido actualizada desde el 10 de octubre, y el retraso en los reportes oficiales es un ejemplo, según el CPP, de la falta de compromiso del gobierno en asegurar el acceso a datos públicos fundamentales.
El Sinadef solía actualizarse de manera diaria, y la ausencia de estos datos afecta la posibilidad de monitorear la violencia y la criminalidad en Perú, lo que limita a los periodistas y a la sociedad civil en su capacidad de evaluar la gestión del gobierno en temas de seguridad. Esta falta de información impide a su vez a la ciudadanía conocer la realidad de los homicidios y actos violentos que afectan la seguridad pública.
Consecuencias de la “alta restricción” a la libertad de expresión en Perú
Según el índice Chapultepec de libertad de expresión, Perú ha registrado la caída más drástica en el continente americano, pasando de “baja restricción” en 2020 a “alta restricción” en 2024. Este descenso pone de relieve una tendencia creciente de hostigamiento y limitación en la labor periodística en el país, que incluye desde amenazas directas hasta restricciones en el acceso a la información y agresiones físicas en contextos de protesta.
Para el CPP, esta situación representa una erosión de las bases democráticas en el país, ya que la prensa libre y el acceso a la información son esenciales para un sistema democrático funcional. En su análisis, el Consejo advierte que estas amenazas, junto con la narrativa de “terrorismo de imagen” promovida por el gobierno, reflejan una preocupante escalada de intimidación y control sobre el libre ejercicio del periodismo en Perú.
Conclusión: La urgencia de proteger la libertad de prensa
El informe del CPP concluye con un llamado al Gobierno de Dina Boluarte para que respete y garantice el derecho a la libertad de expresión y a la labor periodística sin interferencias ni amenazas. La creciente hostilidad hacia los periodistas es una señal alarmante que, según el Consejo, debería ser atendida de inmediato para evitar mayores daños a la democracia en Perú.
El deterioro de las condiciones para la prensa y la falta de un ambiente seguro para el ejercicio periodístico exponen al país a un riesgo significativo de retroceso en derechos fundamentales. La defensa de la libertad de expresión y de una prensa independiente es esencial para la transparencia y el progreso de cualquier sociedad democrática, y en Perú, el compromiso de todos los actores es vital para superar estos obstáculos y garantizar que la verdad continúe siendo un pilar fundamental de la democracia.
