Miembros de la comunidad A'i Cofán de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, y su presidenta, Alexandra Narváez Umenda, denunciaron graves amenazas tras un operativo de control territorial contra la minería ilegal. Los hechos fueron reportados esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, según informó Mongabay Latam.
El 9 de octubre, cincuenta comuneros de la guardia indígena realizaron un recorrido de control territorial en cumplimiento de las decisiones de la asamblea comunal. Durante el trayecto hallaron campamentos destinados presuntamente a la minería ilegal. Aunque no encontraron personas en el lugar, sí ubicaron motores y mangueras, equipos que fueron incinerados de inmediato por considerarlos una amenaza contra los ríos y bosques.
Agresiones y amenazas contra la dirigencia
Dos días después del operativo, dos personas vestidas de civil y portando armas de fuego acudieron a la vivienda de un comunero y le exigieron la devolución de los motores. Por la tarde, otros tres desconocidos llegaron a la comunidad y afirmaron pertenecer a "una estructura armada de crimen organizado", de acuerdo con una alerta pública de la organización indígena.
Según el relato recogido por Mongabay Latam, además de agredir a un comunero, estas personas amenazaron con atacar a sus familias y quemar sus viviendas. También lanzaron amenazas directas contra la dirigente Narváez y su familia, a quienes responsabilizan por las acciones de control y vigilancia. En las horas siguientes, la comunidad fue hostigada y se registraron sobrevuelos con un dron.
El caso fue puesto en conocimiento del gobernador de Sucumbíos y de la Policía Nacional. La única respuesta fue, según la comunidad, la presencia breve de un oficial que se retiró sin establecer contacto con las autoridades comunales y que solo se entrevistó con personas ajenas a la comunidad, quienes le refirieron que en el lugar apenas había ocurrido un supuesto conflicto vecinal.
"Las instituciones no contestan; entonces no hay ninguna garantía", comentó Narváez en comunicación telefónica con Mongabay Latam.
La presidenta comunal señaló que anteriormente hubo otras amenazas procedentes de actores vinculados con la minería ilegal, y que la comunidad también es estigmatizada por el Estado. Por esa razón decidieron trasladar el caso a instancias internacionales.
El pedido ante la CIDH y la ONU
El miércoles 14, la comunidad envió un escrito a la CIDH en el que solicita que se exhorte al Estado de Ecuador a "adoptar medidas inmediatas, eficaces y culturalmente adecuadas para prevenir nuevos ataques, garantizar la seguridad de las familias y asegurar que las autoridades indígenas puedan ejercer libremente sus funciones".
En simultáneo, la dirigencia remitió un documento a la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU pidiendo que inste a las autoridades competentes a realizar las investigaciones para esclarecer las amenazas y proteger a las víctimas y testigos.
La Alianza por los Derechos Humanos emitió una alerta sobre los ataques contra miembros de la comunidad, presuntamente perpetrados por personas vinculadas a la minería ilegal en Sucumbíos. La organización recibió información sobre agresiones e intimidaciones contra la comunidad, en particular contra el Consejo de Gobierno, su presidenta y los integrantes de la guardia indígena.
"Emitimos una alerta urgente sobre la grave situación que enfrentan en estos momentos agravada por la ausencia de una respuesta estatal efectiva", señaló la organización.
La Alianza consideró que estos actos estarían relacionados con represalias "por el ejercicio de sus derechos colectivos de autodeterminación y control territorial frente a actividades de minería ilegal". La denuncia menciona agresiones físicas contra comuneros, presencia de civiles armados y advertencias sobre posibles ataques contra las autoridades comunitarias. La organización pidió acciones a la Policía y a la Fiscalía General.
Una disputa territorial de larga data
La resistencia de los A'i Cofán de Sinangoe a la minería en su territorio no es reciente. Según Mongabay Latam, desde 2017 la comunidad detectó la presencia de maquinaria minera en el río Aguarico a través de sus propios monitoreos ambientales. Tras un largo proceso judicial, la Corte de Sucumbíos suspendió toda actividad minera en la zona y protegió los derechos a la consulta previa libre e informada, al medio ambiente sano y al agua.
En octubre de ese año, un tribunal provincial ordenó revertir las concesiones mineras que operaban cerca del río Aguarico y cancelar las que estaban en trámite: la decisión dispuso la suspensión inmediata de 20 concesiones activas y 32 en trámite, un fallo que las nacionalidades indígenas ecuatorianas interpretaron como un hito.
De acuerdo con Amazon Frontlines, la Corte Constitucional de Ecuador consagró luego el derecho de las comunidades a decidir sobre sus propios territorios y a decir "no" a los proyectos extractivistas. Sin embargo, según esa organización, un año después el gobierno ecuatoriano seguía sin cumplir con la sentencia.
María Espinoza, de Amazon Frontlines, sostuvo que una de las mineras canadienses que opera en la zona continúa con su actividad pese al fallo judicial. "Las autoridades que deberían hacer seguimiento muy riguroso a estas disposiciones y que se cumpla la sentencia, como la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el Ministerio del Ambiente, no están haciendo lo suyo", afirmó.
La comunidad mantiene sus recorridos de monitoreo ambiental y su guardia indígena, y espera una respuesta de las instancias internacionales ante las amenazas denunciadas. Hasta el cierre de esta nota, no se informó de una investigación abierta por las agresiones ni de medidas de protección adoptadas por las autoridades ecuatorianas.
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