Marco Castillo Gómez, uno de los dos sobrinos de Pedro Castillo implicados en el caso Puente Tarata, podría pronto caminar sin ninguna preocupación por las calles. La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia de Lima varió la orden de prisión preventiva.
Como se sabe, Marco Castillo estaba prófugo desde el 28 de marzo, luego que un juzgado penal dictara prisión preventiva a él y a su otro primo Fray Vásquez.
Esto podría deberse a que las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López no hicieron una imputación directa en su contra.
Según un despacho de RPP, la decisión fue adoptada por la mayoría de los miembros de la sala, mientras que el juez César Vásquez Arana se mostró a favor de confirmar la medida de detención preventiva dictada en primera instancia en marzo pasado.
Con la nueva medida, Castillo Gómez está obligado a asistir a todas las diligencias que disponga la Fiscalía. No puede ausentarse de la localidad en la que reside y está prohibido de comunicarse con otros investigados. Además, deberá pagar una caución S/50 mil de caución en el plazo de 48 horas.
Si bien el tribunal confirmó la prisión preventiva por unanimidad para el resto de investigados, como el otro sobrino Fray Vásquez y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, redujo el plazo de 36 a 24 meses.
La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro es la encargada del caso. Su hipótesis se sustenta en que los sobrinos de Castillo, Pacheco y el empresario Zamir Villaverde operaron para que el consorcio Puente Tarata III ganara en noviembre del 2021 la obra del mismo nombre ubicada en la región San Martín.
Según la indagación, contaron con el respaldo del entonces ministro de Transportes, Juan Silva, quien allanó el camino con funcionarios de Provías Descentralizado para concretar la adjudicación. La lobista Karelim López era la representante de la empresa Termirex, que integró el referido consorcio.
Tal como anunciaron diversos medios de comunicación, el fundamento de los jueces Bonifacio Meneses Gonzales y Sonia Bazalar Manrique para exonerar a Gian Marco Castillo de la prisión es que la colaboradora eficaz Karelim López no hizo una imputación directa en su contra.
López ha señalado que el mandatario Castillo encabezó una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que repartía obras públicas a empresas. Según su versión, los sobrinos presidenciales se encargaban de contactar compañías para ofrecerles los proyectos bajo la batuta del empresario Zamir Villaverde.
