La libertad de prensa en Perú enfrenta una nueva amenaza, según advierte el Consejo de la Prensa Peruana (CPP). La denuncia penal interpuesta por Juan José Santiváñez contra periodistas de “Punto Final” ha generado alarma en el gremio periodístico, que la interpreta como un intento de coartar la labor informativa y fomentar la autocensura. Este incidente se suma a una creciente preocupación por las restricciones impuestas al acceso a la información pública y la transparencia gubernamental en el último año.
Según la investigación publicada por El Comercio, el director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, ha calificado la acción de Santiváñez como un ataque frontal contra la prensa.
En declaraciones a Canal N, Salazar expresó el “rechazo” institucional a este tipo de acciones, calificándolas como un acto de amedrentamiento y persecución. “Lo que ha hecho Juan José Santiváñez es un ataque frontal a un grupo de periodistas… de amedrentamiento, de persecución. Es una forma de decir ‘si ustedes cubren o reportean sobre mí, miren lo que se viene’”, declaró Salazar, subrayando la gravedad de la situación para el ejercicio del periodismo.
La denuncia de Santiváñez, presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, acusa a los periodistas del programa dominical “Punto Final” de presunto reglaje. Entre los denunciados se encuentran Mónica Delta, el director del programa Juan Subauste Gildemeister, el periodista Carlos Hidalgo, el camarógrafo Jorge Ramírez y la empresa televisiva Latina Televisión en su conjunto. El concepto de “reglaje,” según el CPP, es un término legal que se usa para actividades delictivas con intenciones también delictivas, lo cual no encaja con el trabajo de investigación periodística.
Para Salazar, el uso de la figura de reglaje es “descabellada” en este contexto. El representante del CPP insiste en que la labor periodística busca informar a la ciudadanía sobre temas de interés público, un elemento fundamental en una sociedad democrática. Sin embargo, la situación actual refleja una “instrumentalización de la ley” que se ha intensificado en el último año, convirtiéndose en una tendencia preocupante que podría afectar a diversos medios de comunicación, incluso a través de acusaciones de organización criminal.
Ante esta tendencia, Salazar instó a las autoridades judiciales a “leer entre líneas” y reconocer el amedrentamiento subyacente en las acciones de Santiváñez y otros funcionarios públicos que recurren a este tipo de medidas contra periodistas. El objetivo, según el CPP, es claro: generar autocensura y limitar la libertad de prensa.
Rodrigo Salazar también criticó la falta de transparencia del gobierno de Dina Boluarte, calificándolo como “el menos transparente en los últimos 25 años”. Esta crítica se sustenta en la restricción de acceso a información pública, como los informes relacionados con el aumento salarial de la presidenta, negados a medios como El Comercio. Esta actitud, según Salazar, representa una clara señal de que el gobierno busca ocultar información relevante para la ciudadanía, lo cual socava los principios democráticos. La coyuntura actual se da en medio de cuestionamientos sobre la gestión gubernamental y su relación con los medios de comunicación.
