En la Laguna Viña del Río hay 237 árboles inventariados: 146 en la laguna y 91 en la ribera del río Higueras. El informe de riesgo del arbolado que forma parte del expediente técnico de la obra recomienda talar 96 y trasladar 111, y deja ese traslado “a discreción del ejecutor del proyecto”. Ese dato es uno de los ejes de la oposición que el Colectivo Ambiental Región Huánuco presentó el 23 de setiembre ante la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPHCO).
El escrito, firmado por su presidente, Laurent Boucher Troquereau, pide que la comuna no dé por subsanadas las observaciones ni otorgue la licencia de edificación que solicitó el Consorcio Ejecutor Laguna mientras no se acrediten cuatro condiciones: el derecho a edificar sobre un bien público, los parámetros urbanísticos, el permiso de la Autoridad Nacional del Agua y la autorización municipal para la tala y el traslado de árboles. Según el colectivo, ninguna consta en el trámite.
La obra, a cargo del Gobierno Regional, tiene un presupuesto de S/30,4 millones y un plazo de 540 días. El gobernador Antonio Pulgar anunció su inicio el 24 de agosto, pero la licencia recién se pidió el 28, en la modalidad de aprobación automática con firma de profesionales. El 18 de setiembre, la Subgerencia de Control Urbano y Catastro informó al colectivo que ese expediente “se encuentra actualmente OBSERVADO” y que no se ha otorgado la licencia, como informó Diario Ahora.
Los cinco vacíos
El primero es la propiedad. Según el escrito, el propio expediente técnico señala que el terreno está inscrito a nombre de la municipalidad provincial y que es un bien de dominio público. Para que un tercero edifique ahí, sostiene el colectivo, se necesita un acto de la comuna aprobado por el Concejo, y un contrato de obra con el Gobierno Regional no reemplaza ese acto.
El segundo son los parámetros. El certificado municipal que invoca el expediente remite la altura, los retiros y el coeficiente de edificación a un “Plan Específico” cuya existencia, según el escrito, no consta.
El tercero es el agua. El proyecto incluye columnas y zapatas de concreto sumergidas, la impermeabilización de 9489,27 metros cuadrados del cuerpo de agua y una captación del río Higueras. Para el colectivo, esas obras requieren autorización de la Autoridad Nacional del Agua, y la Ley 31313 declara nula la actuación municipal que otorgue derechos sobre cauces y riberas sin ese permiso.
El cuarto son los árboles: la pérdida de arbolado maduro, advierte el escrito, “es irreversible”. El quinto es la calificación del trámite, porque el proyecto incluye un pabellón multipropósito y un anfiteatro, y el colectivo pide verificar que encajen como “servicios públicos esenciales”.
Lo que dice la municipalidad
En su carta del 18 de setiembre, la Subgerencia de Control Urbano y Catastro recordó que la evaluación debe ceñirse a los requisitos del TUPA, “no correspondiendo exigir requisitos adicionales que no se encuentren legalmente previstos”, y que la responsabilidad por la documentación técnica recae en los profesionales que la firman. Derivó el pedido de abstención a la Oficina General de Asesoría Jurídica y señaló que la fiscalización del predio debe coordinarse con la Gerencia de Desarrollo Económico, de la que depende la Policía Municipal.
Un vigilante incómodo
Boucher no es nuevo en esta pelea. El 14 de setiembre, el colectivo presentó una denuncia ante la MPHCO y, ese mismo día, pidió públicamente priorizar la recuperación ecológica de la laguna. También impulsa un proceso de amparo que fue rechazado en primera instancia y que, tras la apelación del colectivo, pasó a segunda instancia. Pulgar ha llamado a los críticos de la obra “cinco gatos”.
El colectivo insiste en que no busca frenar la obra. “La oposición no persigue impedir la mejora de la laguna, sino que cualquier obra cuente con título válido; y no imputa responsabilidad a persona alguna”, precisa el escrito.
Su mirada va más allá de Viña del Río. En diálogo con Diario Ahora sobre las 43 dragas detectadas en el río Pachitea, Boucher cuestionó que las autoridades destruyan las dragas incautadas, porque la quema deja residuos tóxicos en el río. “Se tenía que incautar, llevar a otro lado”, propuso, e incluso entregarlas como incentivo a quienes practiquen una minería respetuosa del ambiente. “Yo no estoy contra la minería”, aclaró.
La municipalidad debe ahora evaluar la oposición. El colectivo pidió que se resuelva con un informe técnico y antes de cualquier acto que dé por subsanadas las observaciones del expediente.
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