A 23 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, víctimas y familiares afectados por la violencia ocurrida entre 1980 y 2000 continúan envejeciendo y muriendo sin recibir todas las reparaciones comprometidas por el Estado, denunció Delia Andrade Cueva, representante del Colectivo Impulsor Post-CVR de Huánuco.Andrade sostuvo que las recomendaciones no se han traducido plenamente en atención para las personas afectadas. Advirtió que muchas mujeres que esperaron durante años una respuesta estatal han llegado a la vejez y algunas fallecieron sin acceder a los programas que reclamaban. “Las personas siguen en el duelo y siguen muriendo sin recibir ninguna reparación”, expresó. Su reclamo alcanza al Gobierno Nacional, al Gobierno Regional y a las municipalidades, a las que demandó convertir las normas y compromisos aprobados en servicios concretos. El reclamo no se limita a una reparación económica La dirigente señaló que las necesidades pendientes comprenden educación, salud, vivienda, reparaciones colectivas y medidas simbólicas. Según explicó, la entrega de un pago económico a una parte de las víctimas no agota la obligación de atender las consecuencias sociales, familiares y emocionales que dejó el periodo de violencia. La Ley n.° 28592 creó el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia ocurrida entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. El Consejo de Reparaciones es el organismo encargado de identificar a las víctimas e inscribirlas en el Registro Único de Víctimas, condición que permite acceder a los programas establecidos por esa política pública. El programa continúa incorporando beneficiarios. En marzo de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó una lista nacional de 299 personas para reparaciones económicas por un total superior a S/ 2 millones. Andrade sostuvo, sin embargo, que en Huánuco siguen pendientes otras formas de atención y reparación. Huánuco no tiene un espacio público para recordar a sus desaparecidos Andrade cuestionó que la ciudad no cuente con un espacio de memoria al que las familias puedan acudir para recordar a sus seres queridos. “No tenemos una calle, no tenemos nada”, manifestó al reclamar una medida simbólica permanente por parte de las autoridades regionales y municipales. La magnitud del daño en Huánuco está documentada. El Ministerio de Justicia informó en septiembre de 2023 que el departamento acumulaba 2858 registros de personas desaparecidas, según el Reporte Estadístico n.° 3 del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro, y ocupaba entonces el tercer lugar a escala nacional. El registro nacional reportó posteriormente 22 551 personas desaparecidas en todo el país al 27 de noviembre de 2023. La búsqueda humanitaria se desarrolla bajo la Ley n.° 30470 y está a cargo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que mantiene una oficina regional en Huánuco. Organizaciones anuncian que mantendrán la exigencia Andrade reconoció que las propias organizaciones de víctimas necesitan fortalecerse para sostener sus demandas. Señaló que continuarán movilizándose y buscando compromisos de las autoridades que asuman funciones después de los próximos procesos electorales. La dirigente insistió en que el paso de los años agrava la deuda porque reduce las posibilidades de que las víctimas de mayor edad reciban atención en vida. Para las familias, la reparación no consiste solo en una compensación: también implica conocer el paradero de los desaparecidos, acceder a servicios y contar con un lugar donde mantener su memoria.
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