“Arbitraria, ilegal, antihistórica e inconstitucional”. Así calificó el abogado e historiador Eliseo Talancha Crespo el proyecto de remodelación de la Alameda de la República, promovido por el Gobierno Regional de Huánuco. Según sostuvo, la obra no debería iniciarse sin antes exhibir los permisos legales, la certificación ambiental, las actas de participación ciudadana y una evaluación técnica sobre el arbolado.
Talancha fue más allá y anunció que, si se autoriza la tala de árboles o se altera el paisaje de la Alameda, promoverá una denuncia penal por alteración del paisaje. “El señor alcalde y los que alientan esto van a tener que tener una denuncia penal”, advirtió durante una entrevista en Radio Uneval, al cuestionar que el proyecto avance sin lo que considera una socialización real con la población.
El abogado sostuvo que la Alameda no es un espacio cualquiera, sino un bien con valor histórico, cultural, ambiental y paisajístico. Afirmó que allí existen más de 400 árboles y que el lugar cumple funciones ambientales en la ciudad, como regulación de temperatura, generación de oxígeno, conservación de áreas verdes y mantenimiento de la calidad paisajística.
“Aquí se ha actuado a la inversa”
El principal cuestionamiento de Talancha apunta al orden en que, según él, se habría impulsado la obra. Indicó que un proyecto público debe pasar primero por la identificación de la necesidad, formulación, evaluación, expediente técnico, permisos, información pública y participación ciudadana. Sin embargo, sostuvo que en este caso se habría empezado por la convocatoria y contratación.
“Primero se ha convocado y se ha contratado, y se han desplazado todas las demás fases”, afirmó. Para Talancha, esa forma de actuar no solo genera dudas legales, sino también conflicto social, porque una intervención en un espacio emblemático requiere licencia social y no puede imponerse “al caballazo”.
El abogado también emplazó al alcalde a fijar una posición pública. Según dijo, la Municipalidad tiene competencia directa sobre los espacios públicos, el ornato, las áreas verdes y la autorización para una eventual tala de árboles. Por eso exigió que, si se pretende intervenir el arbolado, se presente un documento público con fecha cierta y una evaluación fitosanitaria que sustente técnicamente esa decisión.
Defiende intervención, no destrucción
Talancha aclaró que no se opone a que la Alameda sea mejorada. Señaló que el espacio puede requerir intervención por deterioro, problemas de mantenimiento o necesidad de recuperación urbana. Pero marcó una línea: “La Alameda merece y requiere una intervención, pero no merece una destrucción”.
El abogado también defendió el valor histórico del lugar. Recordó que la Alameda tendría antecedentes desde la colonia, que en 1785 fue concebida como espacio verde bajo la gestión de Juan María de Gálvez, y que luego habría sido escenario de episodios vinculados a la independencia, actos cívicos, concentraciones militares y actividades conmemorativas de Huánuco.
Frente al anuncio de que las obras empezarían el 15 de julio, Talancha sostuvo que aún existen mecanismos para intentar frenar la intervención, como acciones de amparo, medidas cautelares y denuncias penales. No obstante, señaló que el conflicto debería resolverse antes por diálogo, consenso y transparencia.
La tensión queda planteada antes del inicio anunciado de la obra. Si el Gobierno Regional, la Municipalidad y las entidades competentes no muestran permisos, actas, certificación ambiental y evaluación del arbolado, la remodelación de la Alameda podría escalar de proyecto urbano a disputa judicial, ambiental y política por uno de los espacios más simbólicos de Huánuco.








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