Sesenta y un pobladores afectados por la carretera Puente Higueras–San José de Cozo reclaman cerca de S/3 millones en compensaciones del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), según informó la dirigente Alba Nacila Pizango Pérez. Aunque durante la reunión con el gobernador Antonio Pulgar se ofreció subsanar las observaciones pendientes, los afectados todavía no tienen una fecha concreta para recibir el dinero. La cantidad de beneficiarios y el monto corresponden a la versión de Pizango. La dirigente no presentó durante sus declaraciones un padrón oficial, una liquidación individual o un documento presupuestal que permita comprobar la obligación total. El procedimiento continúa pendiente de regularización. Diez días para observar; ninguna fecha para pagar Pizango explicó que los responsables del PACRI asumieron el compromiso de levantar las observaciones en un plazo de 10 días. Advirtió, sin embargo, que esa promesa no determina cuándo se aprobarán las compensaciones ni cuándo se efectuarán los desembolsos. “Tranquilos no nos vamos porque no tenemos una fecha concreta”, declaró después de la reunión. Jonel Celis Medina brindó un plazo diferente. Según el dirigente, las observaciones relacionadas con el resarcimiento de las viviendas afectadas serían solucionadas aproximadamente en un mes. Tampoco precisó cuándo comenzaría el pago. Las dos versiones deben diferenciar tres etapas: levantar las observaciones, aprobar las compensaciones y desembolsar el dinero. La culminación de la primera no significa que los afectados recibirán inmediatamente los montos reclamados. Reclamo permanece abierto El PACRI está destinado a atender los impactos provocados por la ejecución de la carretera sobre propiedades y viviendas. Para realizar los pagos se necesita identificar a los afectados, acreditar cada perjuicio, determinar el valor de la compensación y contar con la documentación administrativa correspondiente. La falta de una fecha mantiene abierto un segundo conflicto alrededor de Higueras–Cozo. El reinicio de la obra fue anunciado para el 3 de agosto, pero la reactivación de los trabajos no resolverá automáticamente las obligaciones económicas reclamadas por las familias. Los afectados esperan que el Gobierno Regional precise cuántos expedientes continúan observados, qué documentos faltan, cuál es el monto oficialmente reconocido y qué cronograma seguirá para efectuar los pagos. La comisión comunal también deberá vigilar este procedimiento. Su próximo resultado verificable no será únicamente el levantamiento de observaciones, sino la aprobación documentada de las compensaciones y el depósito efectivo a cada beneficiario.
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