Sergio Junior, candidato al Gorehco, afronta serios cuestionamientos por filiación, alimentos y tenencia

La controversia por filiación, alimentos y tenencia que involucra a Sergio Junior Príncipe Ildefonso ya no se limita a una disputa familiar. El dirigente encabeza la lista de Huánuco Primero al Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), admitida por el Jurado Electoral Especial, y aspira a conducir la principal institución política y administrativa de la región. Su condición de candidato coloca bajo escrutinio público tres asuntos concretos: por qué la madre de su hija acudió a un proceso de filiación, si los aportes para la manutención fueron regulares y por qué posteriormente promovió una demanda de tenencia. Frente a esos cuestionamientos, Príncipe Ildefonso negó haber incumplido sus responsabilidades y presentó su propia interpretación de los documentos exhibidos. Una sentencia de filiación en el centro del caso La defensa de Mikayla Tanchivar mostró un documento que identificó como la sentencia número 248-2025, emitida el 29 de agosto de 2025 dentro de un proceso de filiación de paternidad extramatrimonial. Según la lectura realizada por el abogado, el fallo declaró judicialmente la paternidad de Príncipe Ildefonso y ordenó incorporar esa declaración en el acta de nacimiento. El abogado sostuvo que el proceso había comenzado el 22 de abril de 2025 y afirmó que Tanchivar tuvo que recurrir al Poder Judicial porque el candidato no habría reconocido previamente a la menor. Esa es la interpretación que la defensa de la madre atribuye a la sentencia. Príncipe Ildefonso rechazó esa versión. Aseguró que había reconocido a su hija antes de la demanda y explicó que el registro no fue inmediato porque la menor nació fuera de Huánuco y él residía en esta ciudad. Al justificar la demora, también señaló que tenía una agenda “muy recargada”. Su abogado sostuvo que el acta presentada por la propia contraparte identifica a Sergio Junior Príncipe Ildefonso como declarante y contiene su firma. Añadió que el proceso judicial avanzó sin que su patrocinado se apersonara. Asegura tener 458 comprobantes, pero no presentó un consolidado El segundo cuestionamiento se concentra en la manutención. La defensa de Tanchivar afirma que los aportes no fueron constantes y que existieron meses en los que la madre tuvo que insistir para recibir dinero. También sostiene que la demanda de alimentos buscó reemplazar entregas ocasionales por una obligación fijada judicialmente. Príncipe Ildefonso afirmó que contribuyó desde el embarazo y que, cuando atravesaba un mejor momento económico, entregaba más de 2000 soles. Durante la entrevista mostró comprobantes y aseguró conservar 458 registros de transferencias con montos de entre 200 y 3000 soles. Cuando se le preguntó cuánto sumaban esos comprobantes, no dio una cifra global y respondió que podían ser revisados y sumados. Sostuvo, no obstante, que sus aportes mensuales durante 2026 superaban los 3000 soles. La exhibición de los registros no incluyó un consolidado que permitiera establecer su periodo, destino y monto acumulado. El candidato señaló además que había realizado aportes hasta julio y que el pago posterior no se había efectuado porque esperaba la cuenta judicial y la definición del monto correspondiente. Más adelante afirmó que podría pagar una pensión de 1000 soles, mientras atribuyó a Tanchivar una pretensión de 6000 soles mensuales. La cuantía definitiva deberá ser resuelta dentro del proceso de alimentos. La demanda de tenencia abre otro frente Príncipe Ildefonso confirmó que promovió una demanda para obtener la tenencia de su hija. Su abogado indicó que la acción fue presentada en junio y admitida mediante una resolución del 8 de julio de 2026, antes de que la controversia alcanzara mayor exposición pública. La defensa de Tanchivar sostiene que esa demanda constituye una forma de presión y anunció que evalúa solicitar garantías, medidas de protección y otras acciones legales. Esas expresiones corresponden a la posición de su abogado y no equivalen a una determinación judicial de amenaza o violencia. El candidato rechazó esa acusación. Señaló que solicitar la tenencia es un derecho y sostuvo que busca proteger a la menor de la exposición de su rostro y de sus datos en redes sociales. La identidad de la niña se mantiene en reserva por tratarse de una menor involucrada en procesos familiares. Acusó una “guerra sucia”, pero no identificó a los políticos En lugar de limitar su respuesta al terreno familiar y judicial, Príncipe Ildefonso atribuyó la controversia a una “guerra sucia” vinculada con la campaña electoral. Afirmó que existirían políticos que estarían pagando a Tanchivar para trasladar el conflicto al escenario político. Cuando se le pidió sustentar esa acusación, manifestó que contaba con conversaciones y datos, pero no identificó a los supuestos responsables durante la entrevista. Tampoco precisó qué organización o actor político estaría detrás de la acción que denunció. También fue consultado por otras presuntas denuncias Durante la misma entrevista, el candidato fue consultado sobre la supuesta existencia de cuatro denuncias y sobre procesos que habrían involucrado a una hermana suya. Príncipe Ildefonso respondió que desconocía esas denuncias porque no había sido notificado y negó las afirmaciones. Su abogado remarcó que no existe, según su versión, una sentencia penal condenatoria firme contra el candidato por hechos vinculados con violencia familiar. El material presentado durante la entrevista no permitió establecer a qué expedientes se referían las preguntas ni cuál sería su estado. La condición de candidato al Gorehco no convierte las acusaciones en hechos probados ni autoriza a adelantar conclusiones que corresponden a los juzgados. Sí amplía el interés público del caso: quien pretende gobernar la región debe responder con claridad sobre procesos que involucran filiación, obligaciones alimentarias, tenencia y acusaciones de interferencia política.