El 10 de julio de 2025, los inspectores de trabajo llegaron a la planta de captación de Canchán, de EPS Seda Huánuco, mostraron sus credenciales y explicaron a qué iban. No los dejaron pasar. Terminaron anotando los datos de los trabajadores y entrevistándolos desde la puerta, a través de las rejas. Esa escena le cuesta hoy a la empresa S/84 262,50, según la Resolución de Intendencia N.° 00111-2026-SUNAFIL/IRE-HUA, firmada el 26 de agosto por la intendente regional de Huánuco, Virginia Deisy Espinoza Cabello.
La resolución declara infundados el pedido de nulidad y el recurso de apelación de la empresa, y confirma las dos infracciones: una muy grave, por impedir el ingreso de los inspectores, y otra grave, por entregar tarde la información que se le pidió.
"No había una autorización"
Según la constancia de actuación inspectiva que reproduce la resolución, los inspectores le dieron diez minutos al operario encargado de la planta. Él llamó a un ingeniero de la empresa, quien, según lo consignado por los inspectores, respondió que no podían ingresar porque "no había una autorización". Los inspectores advirtieron que impedir su entrada era una infracción sancionable. El operario hizo una segunda llamada, a otro ingeniero. Tampoco autorizó el ingreso.
Ya en el procedimiento sancionador, Seda Huánuco dio otra explicación: que la planta es un área de alto riesgo, que los inspectores no tenían equipos de protección personal y que hacía falta un técnico guía. Alegó, además, que el operario no tenía poder para flexibilizar las normas internas de seguridad.
La Intendencia reconoce que la seguridad en zonas de riesgo es una razón legítima, pero anota que nadie la mencionó en la puerta. La constancia no registra que el ingreso se condicionara a equipos de protección o a un guía, ni que se ofreciera otra forma de inspeccionar con seguridad. La razón dada ese día fue la falta de autorización. Y la negativa, precisa, no fue decisión del operario: la consultó con dos ingenieros y ninguno dio el visto bueno.
Diez minutos en la puerta terminaron valiendo S/75 863. La multa se calculó sobre 193 trabajadores, que según la propia empresa son toda su planilla en Huánuco, Tingo María y Aucayacu. Seda sostuvo que en Canchán solo había cuatro operarios. La Intendencia respondió que el artículo 48.1-C del reglamento de inspección obliga a contar a todos los trabajadores cuando se impide el ingreso, porque cerrar la puerta bloquea la fiscalización de toda la empresa, no solo de un área.
Dos días tarde
La segunda falta vino un mes después. El 7 de agosto de 2025, Sunafil notificó un requerimiento de información con tres días hábiles de plazo, que vencía el 12. Seda entregó los documentos el 14. La empresa argumentó que fueron apenas dos días y que la demora no frustró la inspección. La Intendencia aceptó lo segundo, y por eso la falta es grave y no muy grave, pero sostuvo que colaborar exige entregar a tiempo. Multa: S/8 399,50.
La segunda en menos de un mes
La resolución de Sunafil se firmó 27 días después de que la Sunass multara a Seda Huánuco con 31,10 UIT, unos S/171 050, por incumplir sus metas de gestión entre mayo de 2024 y abril de 2025. En ese periodo, la empresa alcanzó un cumplimiento global de 67,6 %, cuando el mínimo es 85 %, y ejecutó apenas el 4 % de la reserva para proteger las fuentes de agua. No apeló. En su monto impuesto, las dos sanciones de este año suman S/255 312,50; la de Sunass podía reducirse a la mitad si se pagaba dentro del plazo, algo que no se ha confirmado.
Ninguna de las dos recae sobre un funcionario con nombre propio. Las paga la empresa pública que lleva el agua a Huánuco, administrada por el OTASS desde diciembre de 2020 y cuya devolución a la municipalidad, según el propio OTASS, depende de que mejoren sus indicadores.
La rebaja que no ganó la empresa
En primera instancia, el 14 de julio de 2026, la multa era de S/122 194. Bajó en S/37 931,50, pero no por los argumentos de Seda. La Intendencia detectó que la sanción mayor se había convertido mal a soles: 14,18 UIT figuraban como S/113 794,50, cuando con la UIT de 2025, de S/5 350, suman S/75 863. El mismo error se arrastraba en cuatro documentos, desde el acta de infracción hasta la resolución apelada.
A Seda le queda un recurso de revisión, solo para la infracción muy grave, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación. Si no lo presenta, la resolución queda firme. Hasta el cierre de esta edición no se pudo confirmar cuándo fue notificada la empresa ni si recurrió.









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