La legitimidad de las **Elecciones Generales 2026** ha ingresado en un terreno de cuestionamiento técnico que trasciende el cómputo de actas. **Hernán Cajuzol Chepe**, **especialista en derecho electoral**, advirtió que el proceso no requiere de un "fraude tradicional" para ser alterado, sino que ha bastado un "**sabotaje logístico**" en **Lima** para quebrar la representatividad de la capital, donde se concentra el mayor bolsón electoral del país. **Cajuzol Chepe** sostuvo que la apertura de mesas de sufragio al mediodía o la una de la tarde no fue un error administrativo aislado, sino una herramienta de exclusión. El **jurista** precisó que, si bien la **ONPE** registra estadísticamente que las mesas se instalaron, lo hicieron cuando miles de votantes ya se habían retirado de los locales tras horas de espera, lo que constituye una forma efectiva de **suprimir votos de candidatos específicos** sin alterar físicamente las urnas. Esta modalidad de afectación al sufragio se agrava con denuncias de suplantación de identidad. Según el especialista, el hecho de que ciudadanos que no pudieron votar aparezcan en el registro del **Jurado Nacional de Elecciones (JNE)** como si hubieran emitido su voto, configura **delitos de falsedad genérica**. Para Cajuzol, esto no es un tema de preferencias partidarias, sino un **ataque directo al "acto más sagrado del sistema democrático"**. **El quiebre de la cadena de custodia** El despliegue del material electoral también está bajo sospecha. El especialista cuestionó la decisión de la **ONPE** de desplazar a las **Fuerzas Armadas** en las labores de transporte para privilegiar a una empresa particular que, según afirmó, carecía de la capacidad logística y de los vehículos necesarios. Este cambio habría provocado la **pérdida de la cadena de custodia** en el traslado de las ánforas en gran parte del territorio nacional. "**Las Fuerzas Armadas eran las responsables históricas de custodiar el despliegue y el repliegue. Esta vez se dejó de lado esa seguridad por una empresa privada con visos de colusión**", sentenció **Cajuzol**. La falta de vigilancia militar en el trayecto de las actas abre una interrogante sobre la integridad de los documentos que hoy llegan a los centros de cómputo, especialmente en regiones donde el traslado se realizó sin la escolta debida. **La responsabilidad omitida por el JNE** Contrario a la narrativa que responsabiliza exclusivamente a la **ONPE**, **Cajuzol Chepe** señaló directamente al **Jurado Nacional de Elecciones** por una **omisión funcional crítica**. Sostuvo que la labor de los fiscalizadores del **JNE** debió iniciar un día antes de los comicios para garantizar que el material estuviera disponible y listo en cada local, una vigilancia preventiva que, según su análisis, fue inexistente en este proceso. Para el especialista, el **JNE** falló en su deber de control previo, limitándose a una observación reactiva el día de la elección. Esta ausencia de fiscalización en la fase preparatoria permitió que las irregularidades logísticas se materializaran sin contrapesos. "**El trabajo del Jurado está empañado; su cuota de responsabilidad es tan grave como la de la ONPE, pero poco se está diciendo al respecto**", precisó el **abogado**. El escenario inmediato apunta a la posibilidad de una **nulidad parcial en Lima y el Callao**. **Cajuzol** concluyó que, ante la evidencia de mesas que no operaron en su horario legal y denuncias de suplantación, el sistema electoral está obligado a evaluar **elecciones complementarias**. El plazo para esta decisión institucional será el termómetro que defina si el país avanza hacia una **segunda vuelta legitimada** o hacia un nuevo capítulo de convulsión política.
