Por: Iraldia Loyola
Más allá de los discursos de campaña, las declaraciones juradas evidencian marcadas brechas patrimoniales, dicotomías en los perfiles profesionales y riesgos asociados al historial judicial de algunos aspirantes.
Desde una mirada técnica al perfil de los diez candidatos, la oferta electoral presenta una clara división entre dos bloques mayoritarios: educadores y abogados.
El bloque docente: Conformado por Rosendo Serna Román (Movimiento Político Unidos Por El Desarrollo de Huánuco), Antonio Robles Jara (Ahora Nación) y Fortunato Juan Ramos Lavado (Libertad Popular). Estos candidatos poseen una trayectoria consolidada en el sector público y la academia.
El bloque jurídico: Integrado por Madeleine del Rosario Alomía Valderrama (Frente Popular Agrícola Fia del Perú), Miguel Ángel Meza Malpartida (Alianza Para el Progreso) y Robinson Aguirre Casimiro (Partido Democrático Somos Perú). Este grupo aporta experiencia en litigancia y gestión pública municipal, competencias fundamentales para el cumplimiento normativo.
El perfil híbrido: Destaca Rosalí Leandro Tarazona (Partido País Para Todos), quien es ingeniero civil y profesor. Esta dualidad técnica y social representa una característica estratégica para una gestión que requiere equilibrar la ejecución de obras de infraestructura con la demanda de servicios sociales.
Por otro lado, en cuanto a la formación académica, existen candidatos que declararon no haber concluido sus estudios universitarios. Sergio Junior Príncipe Ildefonso (Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero) reportó estudios inconclusos en dos instituciones (UNHEVAL 2007 y UDH 2010). Asimismo, Enrique Orlando Pulgar Lucas (Partido Político Perú Primero) declaró estudios incompletos en la Universidad de San Martín de Porres, sin especificar el año o periodo cursado.
La revisión de la capacidad económica de los postulantes evidencia una profunda desigualdad. El análisis de los ingresos y bienes declarados dibuja un escenario liderado por fortunas millonarias y contrastado por economías de subsistencia:
Enrique Pulgar se posiciona como el candidato con mayor capacidad y autonomía financiera, reportando acciones empresariales por más de S/ 3 millones y un patrimonio inmobiliario superior a los S/ 2.9 millones.
Luis Picón registra casi un millón de soles (S/ 950,000) distribuidos en cinco propiedades. Por su parte, Sergio Príncipe supera los S/ 300,000 trescientos mil soles (S/ 335,600) correspondientes únicamente a una cochera.
En contraste, Fortunato Ramos reporta ingresos anuales modestos de S/ 36,000, sin registrar casas ni vehículos a su nombre. Asimismo, perfiles como los de Rosalí Leandro y Sergio Príncipe presentan declaraciones con escasa actividad económica o falta de precisión en el rubro de ingresos, lo que podría suponer un riesgo de vulnerabilidad financiera.
El registro de antecedentes penales y procesos judiciales arroja información determinante sobre la idoneidad de los candidatos. Mientras cinco postulantes —Madeleine Alomía, Antonio Robles, Enrique Pulgar, Fortunato Ramos y Rosendo Serna— indican explícitamente en sus formatos que "No registran sentencias declaradas", el resto presenta un historial complejo:
El caso de Luis Picón es el más crítico desde la perspectiva de la gestión pública. Registra una sentencia firme por el delito de "Incumplimiento de deberes funcionales" (Exp. 36-2017). El 4° Juzgado Penal Unipersonal le impuso una pena de 11 meses con reserva de fallo, la cual actualmente figura con el estado de "Pena cumplida".
Las incidencias en el ámbito privado también constituyen factores de escrutinio público, destacando casos de agresiones, violencia familiar y omisión de asistencia alimentaria:
Sergio Junior Príncipe: Registra una sentencia penal por "Conducción en estado de ebriedad" (Exp. 252-2022, archivado con reserva de fallo). Además, cuenta con una demanda alimentaria declarada fundada por el 2° Juzgado de Paz Letrado de Tingo María (Exp. 00270-2025) y dos procesos por violencia familiar con medidas de protección, actualmente archivados (Exp. 3225-2023 y 1769-2016).
Rosalí Leandro: Posee una sentencia penal por "Agresiones contra la mujer - Maltrato psicológico" (Exp. 03205-2017, reserva de fallo condenatorio). Asimismo, registra una demanda por violencia familiar declarada fundada (Sentencia N° 23-2023) por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, además de demandas por alimentos declaradas fundadas.
Miguel Ángel Meza: Registra una demanda en materia familiar/alimentaria declarada fundada por el Juzgado de Paz de Pillco Marca (Exp. 00005-2012-01214-JP-FC-01).
Robinson Aguirre: Su hoja de vida llama la atención por la extensa cantidad de procesos legales en su haber. Registra múltiples casos archivados (414-2013, 478-2015, 481-2015), excluidos (584-2017, 1097-2018), sobreseídos (2583-2016, 1207-2017), una absolución (1024-2006) y un recurso en trámite por reparación civil.
Cabe precisar que, en el ámbito judicial, la figura de "reserva de fallo" (presente en los expedientes de Sergio Junior Príncipe, Rosali Leandro y Luis Picón) implica que, si bien se suspende la condena, el juez sí comprobó la comisión del delito y determinó la responsabilidad penal del procesado.
En conclusión, la verdadera radiografía de los aspirantes al sillón regional no se encuentra en las promesas de campaña, sino en la documentación oficial de sus declaraciones juradas; un espacio legal donde los números y los antecedentes hablan por sí solos.
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