El gobernador regional Antonio Pulgar reconoció que el Consorcio Tahuantinsuyo, que estuvo bajo su responsabilidad cuando ejecutó la Institución Educativa Inicial n.º 223 de Colpa Baja, detectó problemas en el expediente técnico durante la construcción y solicitó un adicional para atenderlos. La obra fue contratada mediante el Contrato n.º 238-2015-GRH/GR por S/919 720,25.
El reconocimiento sitúa la discusión más allá del gasto efectuado por la gestión actual: el contratista conoció las dificultades mientras la obra se encontraba en ejecución. El proyecto fue recibido el 26 de noviembre de 2017 y liquidado el 23 de marzo de 2018; ahora, Defensa Civil evalúa si el terreno y el local pueden continuar siendo utilizados por los estudiantes.
El adicional que, según Pulgar, fue rechazado
Pulgar afirmó que el consorcio pidió mayores recursos después de encontrar problemas en el expediente técnico. Según su relato, la solicitud fue rechazada porque la Contraloría no permitía aprobarla, aunque no precisó el número, la fecha ni el contenido de la respuesta recibida.
El actual gobernador aseguró que su consorcio advirtió el problema durante la etapa de ejecución y que esa fue la razón para pedir el adicional. La afirmación coloca en el centro el momento en que el contratista comunicó las observaciones, las instrucciones impartidas por la supervisión y las medidas registradas durante la construcción.
El gobernador agregó que su empresa realizó “cimientos corridos, que no estaban en el expediente técnico” y afirmó que esos trabajos constan en el libro de actas. Sostuvo que los asumió por “responsabilidad social”, que la obra no le produjo ganancias y que, por el contrario, perdió dinero.
Pulgar también confirmó que el consorcio regresó después de la recepción para corregir observaciones dentro del periodo de garantía. Aseguró que atendió incluso problemas que, desde su posición, ya no le correspondían. El cuaderno de obra, los informes de supervisión y los requerimientos cursados al contratista contienen la trazabilidad de esas intervenciones.
Gasto actual y responsabilidad de la obra original
El Gobierno Regional Huánuco (Gorehco) había señalado que la administración de Pulgar no desembolsó recursos para intervenir el colegio. El subgerente de Obras y Supervisión, José Medina Vargas, indicó que la infraestructura fue ejecutada durante la gestión de Rubén Alva Ochoa y que el muro de contención posterior correspondió a una intervención separada, realizada por administración directa.
Ese deslinde se refiere al uso de recursos durante la gestión actual, una cuestión distinta de las decisiones adoptadas cuando se diseñó, ejecutó, supervisó y recibió el proyecto original. Pulgar atribuyó el estudio del terreno a la entidad y a los consultores que elaboraron el perfil y el expediente técnico. Al ser consultado por la elección de una zona que ahora califica como aluviónica e inestable, respondió que la pregunta debía dirigirse a Rubén Alva y a sus consultores.
El gobernador sostuvo que un contratista recibe un proyecto aprobado y no está obligado a repetir todos los estudios del terreno. Su propia declaración, sin embargo, confirma que las dificultades fueron advertidas durante la ejecución y que el consorcio propuso una modificación. Los registros técnicos definirán qué riesgo se comunicó y cómo respondió la entidad antes de recibir la infraestructura.
Defensa Civil aún no decide la reubicación
Pulgar afirmó que los estudiantes “deberían salir” del local y consideró innecesario reparar nuevamente el colegio si se confirma que el terreno es inestable. También anticipó que podría recomendarse la construcción de una nueva institución educativa en otra zona, pero reconoció que esa decisión depende del informe de Defensa Civil, actualmente en elaboración.
Al ser preguntado por qué el problema no recibió atención al inicio de su gestión, respondió que encontró “mil problemas” al asumir el cargo y que este caso no estaba entre ellos. Posteriormente admitió que la situación de los estudiantes debe recibir prioridad y pidió a la directora del plantel que se reúna con él para definir dónde podrían ser trasladados.
Pulgar también cuestionó a la procuradora anticorrupción por haberle atribuido, según su interpretación, la colocación de recursos de la gestión actual en una obra ejecutada por su antiguo consorcio. No identificó durante su declaración el documento específico al que dirigió esa crítica y descartó considerar la actuación de la funcionaria como una persecución.
El siguiente paso será el informe de Defensa Civil y la decisión formal sobre la continuidad de las clases en el local. La solicitud de adicional, el cuaderno de obra y los documentos de supervisión también serán decisivos para establecer qué se advirtió durante la construcción y cómo actuó cada participante del proyecto.
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