Pulgar anuncia mayoría para avanzar con la PTAR pese a disputa por Huachog

La planta de tratamiento de aguas residuales de Huánuco entró en una fase decisiva. El gobernador Antonio Pulgar aseguró que la mayoría del Consejo Regional respaldará la modificación necesaria para que el proyecto avance en Huachog, mientras el consejero Dante Tarazona advirtió que redefinir el humedal sin una delimitación del Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua podría vulnerar la normativa vigente. El conflicto no se limita a decidir si la PTAR debe ejecutarse. La controversia central es si el área protegida por la Ordenanza Regional 058-2016 puede reducirse con base en una consultoría vinculada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o si antes se requiere un pronunciamiento técnico de las autoridades ambientales competentes. Pulgar sostuvo que entre 2024 y 2025 se elaboró un estudio especializado y que durante ese proceso se coordinó con el Minam y otras entidades. También afirmó que existen actas que respaldan esas gestiones y anunció que las entregará para sustentar la posición del Ejecutivo regional. “Ya la mayoría de consejeros va a aprobar”, declaró el gobernador. Según su versión, el proyecto debe continuar y la decisión final corresponderá al pleno. Pulgar también cuestionó a los consejeros que mantienen objeciones y afirmó que no perderá tiempo discutiendo con quienes, a su juicio, se oponen de manera constante. Una protección vigente desde 2016 La Ordenanza Regional 058-2016 declaró como área de protección y conservación ambiental el humedal de Huachog, ubicado en el centro poblado de Colpa Alta. La norma también estableció como prioridad regional su recuperación y conservación. De acuerdo con la información expuesta por Tarazona, el área protegida comprende nueve hectáreas y 3.673 metros cuadrados, con un perímetro de 1.857,68 metros lineales. El consejero sostuvo que esa ordenanza forma parte del ordenamiento regional y que cualquier modificación debe contar con sustento técnico y jurídico suficiente. El primer intento de cambio se produjo el 10 de abril de 2026. Ese día, el Consejo Regional desaprobó por mayoría el Dictamen 013-2026, que proponía derogar la Ordenanza 058-2016. Tarazona afirmó que en aquella sesión no se presentó una posición formal del Minam que justificara eliminar la protección. También rechazó que la decisión haya dependido de él, pues fue adoptada por el pleno regional. La discusión se reactivó el 23 de junio, cuando una nueva documentación ingresó al Consejo Regional. Esta vez, según Tarazona, la propuesta ya no buscaba derogar completamente la ordenanza, sino modificar los límites reconocidos en 2016. El expediente fue enviado a la Comisión de Recursos Naturales y a la Comisión de Planeamiento y Presupuesto. De la derogación al cambio de límites La nueva propuesta se apoya, de acuerdo con el consejero, en una consultoría vinculada al Ministerio de Vivienda. El estudio habría realizado calicatas y determinado que en algunos sectores existía presencia de humedal, mientras que en otros no se habría identificado presencia hídrica o un ecosistema natural con esas características. Tarazona cuestionó que ese documento sea suficiente para redefinir el área protegida. Explicó que la consultoría utilizó como referencia un manual de delimitación de humedales del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y sostuvo que ese instrumento puede servir como apoyo técnico, pero no reemplazaría las competencias previstas en la normativa peruana. El consejero citó el artículo 25 del reglamento de la Ley 32099. Según su interpretación, la delimitación precisa de los humedales debe realizarse en el terreno por la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente, según corresponda. Por ello, pidió que el Minam, la ANA, el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial definan una posición técnica antes de que las comisiones elaboren sus dictámenes y el pleno tome una decisión. Pulgar asegura que ya existen coordinaciones El gobernador rechazó la necesidad de prolongar el debate y afirmó que las coordinaciones ya fueron realizadas. “No busquemos la quinta pata al gato cuando sabemos que tiene cuatro”, respondió al ser consultado por la exigencia de una nueva intervención del Minam y la ANA. Sin embargo, las actas mencionadas por Pulgar no forman parte del material revisado. Tampoco se cuenta con una opinión directa del Minam o de la ANA sobre los nuevos límites de Huachog. Hasta que esos documentos sean conocidos, la existencia de una coordinación suficiente sigue siendo una afirmación del gobernador. Tarazona negó oponerse a la PTAR y sostuvo que su cuestionamiento se concentra en el procedimiento utilizado para modificar la protección. También calificó de desproporcionado que el alcalde provincial y el gobernador lo responsabilicen por el retraso. El consejero recordó que una comisión no ejecuta proyectos y que la propuesta fue remitida a dos grupos de trabajo. En consecuencia, la aprobación o el rechazo no dependen de una sola persona, sino de los dictámenes que se elaboren y de la votación final del Consejo Regional. Dos necesidades públicas en tensión La controversia enfrenta dos objetivos que no deberían resolverse sacrificando uno en favor del otro: avanzar con una infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales y garantizar que la intervención no desconozca la protección ambiental vigente. Aprobar la modificación sin suficiente sustento podría generar cuestionamientos administrativos o legales y retrasar nuevamente la obra. Mantener indefinidamente la controversia, por otro lado, prolongaría la falta de una infraestructura considerada necesaria para el saneamiento de la ciudad. La próxima decisión dependerá de cinco elementos: las actas ofrecidas por Pulgar, el estudio elaborado entre 2024 y 2025, la opinión formal del Minam, el pronunciamiento de la ANA y los dictámenes de las dos comisiones regionales. Mientras esos documentos no sean públicos, la mayoría anunciada por el gobernador seguirá siendo una posición política y la objeción de Tarazona permanecerá abierta. La votación del pleno definirá si la modificación de Huachog cumple las exigencias legales y ambientales necesarias para que la PTAR continúe.