El puente Tingo María-Castillo Grande continúa sin construcción física desde agosto de 2022, pese a una sucesión de anuncios de la actual gestión regional sobre su destrabe, la elaboración del expediente de saldo y el reinicio de los trabajos. Cuatro años después de la paralización, el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) aprobó un nuevo expediente por S/ 56,5 millones, pero la obra todavía no ha sido convocada ni reiniciada. La historia de los últimos años muestra una constante: las fechas anunciadas fueron cambiando mientras el puente permanecía paralizado. En enero de 2023, el alcalde provincial de Leoncio Prado, Max Fuentes, informó que el gobernador Antonio Pulgar se había comprometido a resolver los problemas administrativos y legales para reiniciar los trabajos en 2024. Ese mismo año, la Contraloría encontró un escenario mucho más crítico. En septiembre de 2023 advirtió que el Gorehco no tenía recursos financieros suficientes para gestionar el expediente de saldo de obra y que la Subgerencia de Estudios todavía no había efectuado las inspecciones físicas necesarias para iniciar su formulación. El órgano de control también alertó que la demora en el reinicio estaba ocasionando deterioro en los elementos estructurales y podía comprometer el estribo izquierdo y los pilotes del pilón central, con un posible perjuicio económico estimado entonces en S/ 12 534 382,81. En 2024 llegaron nuevas fechas que tampoco se concretaron El 5 de junio de 2024, el Gobierno Regional anunció que Pulgar había comprometido S/ 18 millones para reanudar la construcción una vez aprobado el expediente de saldo de obra. Un mes después apareció una promesa todavía más concreta. El consejero regional Manuel García sostuvo que el puente estaría terminado en noviembre de 2024 y aseguró que se observaban avances en la zona. “La obra tiene un atraso de tres meses, pero no debe pasar de noviembre”, declaró entonces. Noviembre llegó y el puente no fue terminado. La documentación posterior de la Contraloría mantiene como fecha de paralización agosto de 2022, lo que abre una evidente contradicción con aquellas declaraciones sobre avances de obra durante 2024. El proyecto principal no fue reanudado ni concluido en el plazo anunciado. En 2025 nuevamente prometieron reiniciarla ese año La fecha volvió a cambiar en enero de 2025. Daniel Mallqui Estacio, gerente regional de Infraestructura, incluyó el puente Castillo Grande entre ocho obras paralizadas que el Gorehco esperaba reactivar y afirmó expresamente: “debemos reiniciar la obra este año”. El 2025 terminó y la construcción tampoco fue reiniciada. Mientras las fechas políticas se desplazaban, los problemas técnicos seguían acumulándose. La Contraloría informó posteriormente que un primer consultor contratado en septiembre de 2024 dejó la elaboración del expediente luego de encontrar afectaciones importantes en las estructuras existentes y concluir que la intervención requería una evaluación integral. En abril de 2025 se contrató a un segundo consultor por aproximadamente S/ 1,17 millones. Este presentó entregables en agosto y diciembre, pero las observaciones técnicas continuaron. Contraloría advirtió en junio de 2026 deficiencias en elementos estructurales El 25 de junio de 2026, la Contraloría volvió a poner el puente bajo alerta. El Informe de Control Concurrente n.° 010-2026-OCI/5339-SCC detectó deficiencias en los dos entregables del expediente técnico de saldo de obra y señaló que las propuestas de ingeniería podían no solucionar los problemas estructurales existentes. Las observaciones comprendían componentes esenciales del puente, entre ellos los tirantes, el pilón central y la subestructura. También alcanzaban diseños, especificaciones técnicas, planos, metrados y presupuestos. Para entonces, la Contraloría seguía identificando al proyecto como una infraestructura valorizada en más de S/ 54 millones y paralizada desde agosto de 2022. Menos de dos meses después el Gorehco aprobó el expediente El 7 de agosto de 2026, menos de dos meses después de ese informe de control, el Gobierno Regional aprobó el Expediente Técnico de Saldo de Obra mediante la Resolución Gerencial Regional n.° 415-2026-GRH/GRI. El nuevo presupuesto asciende a S/ 56 573 668,45, de los cuales alrededor de S/ 51,4 millones corresponden a ejecución física. El plazo previsto es de 365 días. La resolución regional sustenta la aprobación en pronunciamientos de especialistas y en una conformidad otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Informe Técnico Sustentatorio ambiental. La conformidad ambiental del MTC y las observaciones estructurales realizadas por la Contraloría corresponden, sin embargo, a componentes distintos del proyecto. El informe del órgano de control cuestionó específicamente planteamientos de ingeniería vinculados con elementos estructurales del puente. A agosto de 2026, la aprobación del expediente tampoco significa que las máquinas hayan regresado a la obra. El propio Gobierno Regional todavía debe completar el financiamiento y convocar la contratación del saldo. Gorehco anuncia ahora acciones para recuperar más de S/ 11 millones Mientras busca reactivar la infraestructura, el Gobierno Regional abrió otro frente alrededor del contrato anterior. Mallqui informó que un corte físico-financiero habría determinado un perjuicio superior a S/ 11 millones y señaló que la documentación fue remitida a la Procuraduría Pública Regional para iniciar acciones legales de recuperación. El gerente mencionó reiteradamente una cifra de S/ 11,5 millones, aunque posteriormente, durante la misma exposición, habló de S/ 12,5 millones. La propia declaración deja así una diferencia de un millón de soles respecto del monto que el Gorehco afirma buscar recuperar. Mallqui sostuvo además que el cálculo comprende estructuras metálicas que habrían sido pagadas al anterior contratista pero que no fueron entregadas a la entidad tras la resolución contractual. Según indicó, el Gorehco cursó tres cartas notariales solicitando su entrega. El antecedente no surge recién ahora. En octubre de 2022, la Contraloría ya había advertido un posible perjuicio de aproximadamente S/ 4,1 millones por componentes vinculados con tirantes y anclajes que habían sido valorizados y pagados pese a no encontrarse instalados en la estructura. Las dos cifras corresponden a momentos y evaluaciones diferentes: los S/ 4,1 millones fueron advertidos por Contraloría en 2022, mientras que los más de S/ 11 millones anunciados ahora provienen, según Mallqui, del reciente corte físico-financiero. Leslie Zevallos sostiene que Fiscalía no formalizó investigación Durante la misma conferencia, Leslie Zevallos Quinteros, asesora y exgerente general del Gobierno Regional de Huánuco, defendió la decisión adoptada por la gestión cuando resolvió el contrato anterior del puente. Zevallos afirmó que la Fiscalía decidió en marzo de 2026 no formalizar la investigación originada a raíz de cuestionamientos contra funcionarios que participaron en aquella decisión y sostuvo que el pronunciamiento quedó consentido semanas después. La exgerente cuestionó además los informes que pusieron bajo sospecha la actuación del equipo regional y sostuvo que las decisiones administrativas fueron tomadas sobre la base de criterios técnicos y legales. “Si los funcionarios públicos tuviésemos que tomar las acciones en ese contexto de presión [...] hubiésemos cometido, creo, un error”, manifestó al defender la resolución contractual. También cuestionó la especialización de los equipos que realizan acciones de control y afirmó que evaluará medidas debido a la afectación que, según sostuvo, sufrieron los profesionales involucrados. El nuevo corte apareció después del pronunciamiento fiscal mencionado por Zevallos Las propias fechas expuestas por el Gobierno Regional introducen un elemento nuevo en esta controversia. Zevallos Quinteros, afirmó que la Fiscalía decidió en marzo de 2026 no formalizar la investigación vinculada con la resolución del contrato del puente. Mallqui, en cambio, señaló que el documento con el que ahora se habría determinado el perjuicio económico es un corte físico-financiero respaldado por el Informe n.° 0275-2026, de fecha 12 de agosto de 2026. Es decir, la evaluación económica que actualmente utiliza el Gorehco para anunciar la recuperación de más de S/ 11 millones es posterior en aproximadamente cinco meses a la decisión fiscal señalada por Zevallos. Durante la conferencia, Mallqui fue consultado sobre si ese nuevo documento había sido conocido por la Fiscalía y sobre sus posibles efectos en el expediente. El funcionario no desarrolló una respuesta sobre ese punto. La secuencia deja dos asuntos distintos alrededor de una misma obra: por un lado, la defensa de los funcionarios regionales frente a la investigación originada por la resolución del contrato; por otro, un nuevo cálculo del propio Gobierno Regional que sostiene ahora que existe un perjuicio económico millonario derivado de la ejecución anterior. De S/ 18 millones anunciados a un saldo que supera los S/ 56 millones El costo necesario para culminar el puente también ha ido cambiando. En junio de 2024, Pulgar anunció S/ 18 millones para retomar la construcción. Dos años después, el expediente aprobado establece un costo total superior a S/ 56,5 millones para el saldo de obra. Solo para 2026, la asignación comunicada anteriormente por el Gorehco era de alrededor de S/ 4 millones, una suma que el propio Mallqui reconoció como insuficiente para ejecutar la infraestructura. La gestión volvió entonces a depender de recursos adicionales del Gobierno Nacional. En febrero de este año, la Gerencia General del Gorehco informó que buscaba un crédito suplementario para proyectos pendientes y volvió a incluir Castillo Grande entre las obras que necesitaban mayores recursos para poder ser convocadas. Otra vez la promesa queda pendiente de financiamiento y contratación Ese es el estado del puente a agosto de 2026: existe un expediente de saldo aprobado, pero no una nueva construcción en marcha. La gestión Pulgar acumula desde 2023 anuncios sobre su destrabe y reinicio. En enero de 2023 se habló de retomar los trabajos en 2024. Luego se anunciaron nuevos plazos para el expediente. En 2024 se ofrecieron S/ 18 millones y se llegó a asegurar que el puente estaría terminado en noviembre. En enero de 2025, Mallqui afirmó nuevamente que la obra se reiniciaría durante ese año. Ninguna de esas fechas terminó con el puente operativo. Ahora, cuatro años después de la paralización, el Gorehco tiene un expediente por S/ 56,5 millones, busca financiamiento para ejecutarlo y anuncia paralelamente acciones para recuperar más de S/ 11 millones vinculados con el contrato anterior. La siguiente diferencia ya no la marcará un nuevo cronograma. La marcará el reinicio efectivo de la construcción y la culminación de un puente que Leoncio Prado continúa esperando desde 2022.
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