La PTAR Huánuco enfrenta un riesgo administrativo que podría convertirse en un problema político mayor si el Gobierno Regional y el Consejo Regional no concluyen pronto el trámite pendiente sobre los terrenos. Ronald Acuña, gerente del Gobierno Regional de Huánuco, reconoció que el proyecto fue desactivado temporalmente, aunque negó que se trate de un caso cerrado o de una inversión definitivamente perdida.
Según Acuña, la medida responde a la falta de actividad en el proyecto y a que uno de sus puntos débiles sigue siendo el terreno requerido para su ejecución. El funcionario explicó que, con los mecanismos actuales de seguimiento, los proyectos sin movimiento durante algunos meses pueden ser desactivados temporalmente hasta que la entidad demuestre que siguen siendo viables.
La explicación del gerente regional busca responder a versiones atribuidas a funcionarios de la Municipalidad de Huánuco, quienes —según la pregunta planteada durante la entrevista— habrían señalado que la inversión ya se habría perdido por la falta de entrega de los terrenos ofrecidos por el Gobierno Regional. Acuña rechazó esa interpretación y afirmó que la situación puede revertirse si se levantan las observaciones.
El trámite vuelve al Consejo Regional.
De acuerdo con Acuña, el Gobierno Regional ya envió cartas al Ministerio de Vivienda para informar que el proyecto continúa en trámite y no está abandonado. El funcionario indicó que la entidad regional solicitó que se considere el avance del procedimiento interno, pues el expediente habría regresado al Consejo Regional con nueva información tras una primera negativa.
El gerente explicó que el Consejo Regional ya había revisado el caso y lo denegó, pero el expediente volvió para incorporar información complementaria. Según su versión, el nuevo trámite fue derivado a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que debía sesionar durante la semana para emitir un dictamen y permitir que el tema pase nuevamente al pleno del Consejo.
Acuña sostuvo que el plazo de una desactivación temporal podría ser de seis a ocho meses para resolver el problema, aunque insistió en que la intención del Gobierno Regional es no esperar hasta el límite. Según dijo, la información fue enviada rápidamente para comunicar que el proyecto está en proceso y que se requieren algunos días adicionales para que el Consejo Regional pueda aprobar el trámite pendiente.
El punto de fondo es la transferencia de un área vinculada al Totoral. Según Acuña, el Ministerio de Vivienda realizó estudios durante el año pasado para determinar qué parte del espacio podía destinarse a la PTAR. El funcionario indicó que esos estudios concluyeron en diciembre y que, a partir de esa información, el Gobierno Regional inició su procedimiento interno para llevar el caso al Consejo.
Totoral, humedal y tensión política.
Una de las preguntas más sensibles apuntó a una versión extraoficial: que el Totoral sería usado como futura cochera del Gobierno Regional y que esa sería una de las razones por las que no se entregaría el área ofrecida para la PTAR. Acuña negó esa versión y sostuvo que no tiene relación con el retraso del proyecto.
Según el gerente regional, existe una planificación sobre el uso del espacio. Indicó que una parte sería transferida para la PTAR, otra podría destinarse a un campo ferial y una zona restante permanecería como humedal, donde se proyectaría un centro de rescate. Esa distribución, sin embargo, depende de decisiones administrativas y políticas que aún no se han cerrado.
El funcionario también cuestionó que la declaración inicial de todo el espacio como humedal se haya realizado, según su versión, sin un informe técnico suficiente. Afirmó que ahora se busca modificar esa decisión incorporando el estudio elaborado con mayores detalles. Esa explicación coloca al Consejo Regional en el centro del siguiente movimiento.
El riesgo no es solo técnico. Si el Consejo Regional no agiliza el trámite o si el Ministerio de Vivienda considera insuficiente la sustentación enviada, el proyecto podría mantenerse paralizado, lo que aumentaría el costo político para la gestión regional. La frase de Acuña —“no podemos perder este proyecto”— resume la presión que el propio Ejecutivo regional reconoce.
Para Huánuco, la discusión ya no gira únicamente en torno a un documento pendiente. La PTAR aparece como una obra de alto impacto urbano, cuya demora expone problemas de coordinación entre niveles de gobierno, debilidades en la gestión de terrenos y diferencias entre el Gobierno Regional, la Municipalidad y el Consejo Regional.
El siguiente punto de control será el pronunciamiento de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Si emite dictamen favorable y el pleno regional aprueba la transferencia o modificación requerida, el Gobierno Regional podrá sostener ante el Ministerio de Vivienda que el proyecto sigue vivo. Si el trámite vuelve a estancarse, la desactivación temporal dejará de ser una advertencia administrativa y se convertirá en un nuevo frente de desgaste institucional.
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