Cerca de cuatro hectáreas ubicadas en Las Moras continúan ocupadas pese a que, según Rosaluz Veraste y Ponce, su familia obtuvo en 2016 una sentencia definitiva favorable dentro de un proceso por usurpación agravada. La propietaria afirmó que actualmente el caso se encuentra en etapa de ejecución y que aún está pendiente la restitución material del predio.
Veraste y Ponce señaló que la ocupación comenzó el 4 de octubre de 2008, cuando un grupo de personas ingresó al terreno afirmando que pertenecía al Estado. Según relató, su familia intentó recuperar el inmueble en cuatro oportunidades y durante esas intervenciones se registraron personas y policías heridos. Con el paso de los años, añadió, los ocupantes levantaron viviendas y permanecieron en el lugar.
De acuerdo con su versión, el terreno estuvo vinculado desde 1970 a actividades de extracción de materiales no metálicos realizadas por su madre, Rosa Ponce Ingunza. La entrevistada sostuvo que en 1995 se adquirió al grupo campesino Ramón Castilla un área aproximada de 39.000 metros cuadrados, donde posteriormente funcionaron actividades relacionadas con una ladrillera y la producción de bloquetas.
Sentencia y ejecución pendiente
La propietaria aseguró que el proceso judicial llegó hasta la Corte Suprema y que la decisión definitiva fue emitida en 2016 a favor de su familia. Sin embargo, indicó que durante casi una década no se habría podido ejecutar completamente la restitución del predio. Atribuyó las sucesivas demoras a recursos presentados por la parte contraria y a dificultades para obtener garantías durante los procedimientos de lanzamiento.
Veraste y Ponce cuestionó además la actuación del abogado Francisco Ponce Gamarra, a quien acusó de informar a los ocupantes que el terreno sería propiedad del Estado y de alentarlos a permanecer en el lugar. La entrevistada anunció que presentará una denuncia ante el Colegio de Abogados por presuntas faltas éticas. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a su versión y en la entrevista proporcionada no figura el descargo del abogado mencionado.
Según la propietaria, el último lanzamiento estaba programado para el 12 de agosto de 2026, pero fue suspendido por falta de garantías. También afirmó que la jueza Canales, del juzgado penal liquidador que conoce el caso en Huánuco, manifestó durante aquella diligencia que el mandato judicial sería ejecutado posteriormente. Veraste sostuvo que una nueva intervención podría realizarse sin previo aviso, aunque en el material entregado no se adjunta la resolución que establezca ese procedimiento.
Familia plantea una salida mediante acuerdo
Ante la posibilidad de un nuevo lanzamiento, Veraste y Ponce afirmó que su familia está dispuesta a dialogar con las personas que actualmente viven en el predio y evaluar la venta de los terrenos que ocupan. Señaló que busca evitar que las familias pierdan las viviendas que han construido durante estos años, siempre que exista voluntad para alcanzar un acuerdo formal.
El conflicto entra así en una etapa marcada por dos escenarios planteados por la propia entrevistada: la ejecución del mandato judicial o una negociación con los ocupantes. Queda pendiente conocer la versión de las familias asentadas en el lugar, del abogado cuestionado y el contenido íntegro de las resoluciones judiciales que determinarían el alcance y las condiciones de una eventual restitución.
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