Luis Raúl Picón Quedo, candidato de Podemos Perú al Gobierno Regional de Huánuco, colocó la ampliación de la infraestructura hospitalaria y la integración vial entre las provincias como ejes de una eventual nueva gestión. En una entrevista de campaña, ofreció impulsar hospitales de categoría II-1 o II-2, asignar más recursos a la apertura y mejoramiento de carreteras y retomar proyectos paralizados, aunque no presentó costos, fuentes de financiamiento ni plazos de ejecución.
Picón encabeza una de las diez fórmulas que el Jurado Electoral Especial de Huánuco presentó esta semana como habilitadas para competir por el Gobierno Regional. Esa condición permite leer sus declaraciones como propuestas electorales y no como compromisos de una autoridad actualmente en funciones.
“Nuestra propuesta es construir un hospital categoría II-1 en cada capital de provincia”, declaró Picón. Señaló que Huamalíes ya cuenta con un establecimiento de mayor capacidad y mencionó entre las jurisdicciones que requieren nuevas inversiones a Puerto Inca, Marañón, Huacaybamba, Dos de Mayo, Lauricocha y Ambo.
La categoría hospitalaria no depende únicamente de levantar infraestructura. También exige cartera de servicios, personal especializado, equipamiento y capacidad operativa. Durante la entrevista, Picón no precisó si su oferta partiría de nuevos proyectos o de la ampliación de establecimientos existentes, ni cuánto demandaría sostenerlos una vez construidos.
Más presupuesto para conectar provincias
En materia vial, el exgobernador propuso relanzar el programa que denominó Caminos Regionales de Integración. Indicó que buscará dotarlo de mayor presupuesto para abrir y mejorar rutas entre distritos y provincias, y utilizó como referencia intervenciones que atribuyó a su administración de 2011 a 2014 en Marañón, Monzón y otras zonas rurales.
Picón afirmó que durante aquel periodo su gestión ejecutó más de 570 proyectos y construyó más de 170 complejos educativos. También sostuvo que intervino en carreteras y establecimientos educativos de Huacaybamba, Puerto Inca, Marañón y Leoncio Prado. Estas cifras forman parte del balance presentado por el propio postulante y no fueron acompañadas en la entrevista por una relación de obras, montos liquidados o resultados de auditoría.
Para la ciudad de Huánuco, anunció que promoverá la titulación de predios en Las Moras, Aparicio Pomares y San Luis. En Tingo María, planteó reactivar el puente alterno hacia Castillo Grande y el aeropuerto, proyecto que, según su versión, quedó paralizado en gestiones posteriores tras entrar en arbitraje.
El candidato también abordó la minería ilegal en Puerto Inca. Propuso que las actividades avancen hacia la formalización mediante el Registro Integral de Formalización Minera y que las autorizaciones se coordinen entre la Dirección Regional de Energía y Minas y el Ministerio de Energía y Minas. No explicó qué medidas aplicaría frente a operaciones que permanezcan fuera del proceso ni cómo reforzaría la fiscalización ambiental y la protección de los bosques.
La compra de ambulancias y la sentencia apelada
Picón utilizó la compra de ambulancias de su anterior gobierno como una credencial de gestión. Afirmó que su administración adquirió más de cien unidades para mejorar el traslado de pacientes y aseguró que los procesos se hicieron mediante licitaciones “necesarias y legales”. Consultado expresamente por posibles irregularidades, respondió: “Sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de ilegalidad”.
Esa afirmación constituye su defensa y no puede presentarse como un hecho acreditado. Picón tiene una sentencia condenatoria de primera instancia por negociación incompatible vinculada a la adquisición de ambulancias durante su gestión regional. La decisión fue apelada y, por tanto, no es firme; sin embargo, permanece como un antecedente indispensable para evaluar su declaración sobre la legalidad del proceso.
El postulante centró su mensaje en la experiencia de su anterior administración y repitió que conoce las necesidades de las once provincias y los 84 distritos. El contenido concreto de sus promesas deberá traducirse en metas, costos y fuentes de financiamiento para que los electores puedan comparar su viabilidad y no solo el balance político que el candidato hace de su propio gobierno.
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