El paro de 48 horas convocado por los trabajadores del Ministerio Público alcanzó un 85% de acatamiento en la región Huánuco, informó Laura Rocío Villa Ramírez, secretaria general del sindicato. La medida incluye a servidores de los regímenes 1057, 728 y 276, y podría derivar en una huelga indefinida o incluso en una huelga de hambre.
La dirigente señaló que el principal reclamo es la ejecución de dos leyes relacionadas con el pago de gratificación al 100%, la CTS para trabajadores CAS y el tránsito del régimen CAS al 728. En Huánuco, precisó, hay 189 trabajadores CAS afectados.
A nivel nacional, Villa indicó que son más de 14.000 trabajadores CAS en el Ministerio Público, con sueldos que oscilan entre S/1.100 y S/1.300. "No es justo que una institución defensora de la legalidad tenga esos sueldos irrisorios", afirmó.
La protesta afecta al sistema fiscal, administrativo y médico legal, aunque se mantienen los servicios de turno. Según la dirigente, las diligencias programadas durante los dos días de paralización deberán ser reprogramadas.
Villa mencionó que el fiscal de la Nación presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto de S/500 millones para atender los reclamos; sin embargo, afirmó que el MEF solo habría otorgado S/54 millones, monto que calificó como insuficiente.
La secretaria sindical señaló que hasta el momento no existe un puente de diálogo efectivo con el Ejecutivo. Además, indicó que las federaciones nacionales evalúan radicalizar la medida si no reciben una respuesta concreta.
El reclamo central de los trabajadores CAS es el tránsito al régimen 728 para acceder a beneficios laborales similares a los de otros servidores. Según Villa, en Huánuco los sueldos actuales fluctúan entre S/1.200, S/1.300 y S/1.400.
La dirigente afirmó que también buscarán una mesa de diálogo con el gobierno entrante para insistir en mejoras laborales. Mientras tanto, el sindicato evalúa cómo manejar la recuperación de horas, aunque Villa sostuvo que intentarán negociar para que no se exija compensación, dado que se trata de un derecho constitucional.
El paro ha provocado la postergación inmediata de diligencias fiscales y administrativas. El punto crítico será si, tras las 48 horas de protesta, las federaciones nacionales deciden levantar la medida o convertirla en una huelga indefinida.
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