La posible construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el sector de Huachog ha reabierto el conflicto entre la necesidad de infraestructura sanitaria para Huánuco y la protección de un área declarada de prioridad e interés regional. La controversia gira alrededor de la Ordenanza Regional N.° 058-2016, que dispone la recuperación, protección y conservación del humedal existente en ese sector. Nitzy Orneta Cabello, exconsejera regional y promotora de la ordenanza, afirmó que la norma fue aprobada después de visitas de campo, mediciones, reuniones multisectoriales e informes técnicos y legales. Según su versión, en el proceso participaron la Gerencia Regional de Recursos Naturales, la Dirección Regional de Agricultura, asesoría jurídica, colectivos ambientales, representantes de la comunidad y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. La exautoridad sostuvo que el entonces gobernador Rubén Alva suscribió la norma y que el expediente completo debería permanecer en los archivos del Consejo Regional. Orneta pidió que cualquier decisión sobre la vigencia o modificación de la ordenanza se adopte después de revisar sus antecedentes y solicitar opinión a los organismos ambientales competentes. Una inversión en terreno inundable Orneta señaló que el área de Huachog tiene características hídricas y se inunda periódicamente. Bajo esa premisa, cuestionó la viabilidad de destinar recursos públicos a una infraestructura de gran magnitud sin establecer primero si el suelo ofrece condiciones técnicas y ambientales adecuadas. La exconsejera recordó que la posibilidad de instalar una PTAR en Huachog ya había sido discutida durante su periodo en el Consejo Regional. Según afirmó, técnicos vinculados a aquella propuesta consideraban que el humedal era la alternativa menos idónea y que existían otros terrenos que podían ser evaluados. Entre las ubicaciones mencionadas durante la entrevista figuran Chunapampa y Limonpampa. Sin embargo, el insumo no incorpora estudios comparativos, títulos de propiedad, costos de adquisición ni dictámenes técnicos actualizados que permitan determinar si esas alternativas siguen disponibles. Pulgar y el Consejo Regional bajo presión La exconsejera cuestionó los intentos atribuidos al gobernador Antonio Pulgar de derogar o modificar la ordenanza. También respaldó que el consejero Dante Marañón solicite información y opiniones técnicas antes de adoptar una decisión que pueda afectar el humedal. Orneta rechazó que el pedido de revisión documental convierta al consejero en un obstáculo para la PTAR. A su juicio, la planta es necesaria para Huánuco, pero su construcción no debería implicar la eliminación de un ecosistema protegido ni una inversión en un espacio expuesto a inundaciones. Las afirmaciones corresponden a la versión de la exconsejera. El material entregado no incluye la propuesta técnica definitiva de la PTAR, el polígono exacto de intervención, un estudio de impacto ambiental, la posición completa del Gobierno Regional ni la opinión oficial del Ministerio del Ambiente. La disputa ya no se limita a decidir si Huánuco necesita una planta de tratamiento. La discusión central será si la ubicación seleccionada cumple las condiciones legales, ambientales y técnicas, y si la Ordenanza Regional N.° 058-2016 permite algún tipo de intervención dentro del área protegida. Esa definición requerirá documentos y pronunciamientos oficiales que todavía no aparecen en el insumo.
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