El Poder Ejecutivo declaró en reorganización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por 120 días calendario, mediante el Decreto Supremo 018-2026-JUS publicado el domingo 15 de noviembre en el boletín de Normas Legales de El Peruano. La norma lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda.
El plazo corre desde el día siguiente a la publicación, es decir, desde este lunes 16 de noviembre, por lo que vencería a mediados de marzo de 2027, según el cálculo de este diario. La finalidad declarada es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del ministerio y proponer reformas para mejorar sus procesos y su capacidad de supervisar a las entidades que dependen de él.
Qué abarca la reorganización y qué queda fuera
El artículo 1 precisa que la reorganización alcanza solo al ministerio como entidad. Los organismos públicos adscritos al sector Justicia no entran en este proceso y su organización interna sigue regida por sus propias normas.
El artículo 2 encarga el diagnóstico a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. La evaluación revisará, entre otros puntos, posibles duplicidades, superposiciones o vacíos de funciones, la planificación, el presupuesto, la inversión pública, la gestión por procesos, la integridad y la forma en que el ministerio supervisa a sus organismos adscritos.
El resultado será un informe técnico con las reformas recomendadas, que debe entregarse al despacho del ministro dentro de los 120 días. Antes requiere la conformidad de los viceministerios de Justicia y de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y de la Secretaría General.
Alcance inmediato y financiamiento
El artículo 3 establece que las recomendaciones se ejecutan siguiendo los procedimientos de la normativa vigente. Si implican cambiar la estructura orgánica o el Reglamento de Organización y Funciones, deben tramitarse por la vía correspondiente. El decreto no cambia hoy ninguna oficina: abre un proceso de evaluación cuyo resultado se verá después.
El artículo 4 dispone que la reorganización se financia con el presupuesto del propio ministerio, sin pedir recursos adicionales al Tesoro Público.
La disposición final obliga a las unidades, consejos y programas del Minjusdh, así como a sus organismos adscritos, a entregar información y asistencia técnica oportuna para el diagnóstico. La norma aclara que colaborar no significa quedar incluidos en la reorganización.
Los argumentos del Ejecutivo
En sus considerandos, el Ejecutivo sostiene que identificó oportunidades de mejora en la estructura organizacional, administrativa y funcional del ministerio, en su coordinación interna e interinstitucional y en el ejercicio de su papel rector, aspectos que podrían afectar la eficiencia de su gestión y la atención oportuna a la ciudadanía.
La norma se ampara en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Por qué le importa al ciudadano
El Minjusdh tiene a su cargo competencias en derechos humanos, defensa jurídica del Estado, acceso a la justicia y política penitenciaria, según su ley de organización. De cómo funcione dependen servicios que la población usa directamente, como la defensa pública y la conciliación.
El decreto no dice qué se cambiará: eso dependerá del informe técnico que debe estar listo antes de que venzan los 120 días. Hasta entonces, la norma deja abierta la evaluación interna del ministerio y la obligación de sus áreas y adscritos de colaborar con el diagnóstico.










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