La pérdida de 51 hectáreas de bosque desde 2021 en el sector Maquizapallo, atribuida por las autoridades al avance de la minería ilegal, encendió las alertas en Puerto Inca. Frente a este escenario, representantes de distintas entidades acordaron elaborar un informe que sustente una eventual declaratoria de emergencia en los distritos de Puerto Inca y Yuyapichis, con el objetivo de reforzar las acciones de control y la capacidad operativa del Estado. La propuesta fue planteada durante la III Sesión Ordinaria de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco, realizada el 14 de agosto. En ese espacio, las instituciones participantes evaluaron la expansión de actividades mineras ilegales y sus efectos sobre los bosques y otros recursos naturales de la provincia. Uno de los puntos de mayor preocupación es Maquizapallo, donde, según lo expuesto en la reunión, la actividad minera ilegal habría generado la pérdida de 51 hectáreas de bosque en los últimos años. Ante ello, se acordó impulsar acciones administrativas, fiscales y policiales orientadas a contener la afectación. Advierten que capacidad de respuesta resulta insuficiente Alex Armando Gómez Bravo, jefe de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre Huánuco y coordinador técnico de la mesa regional, advirtió que la problemática supera el ámbito estrictamente minero y compromete directamente al patrimonio forestal y los recursos naturales de la región. La preocupación también alcanza a la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, donde las autoridades identificaron invasiones y pérdida de bosques en tierras destinadas al uso forestal. La situación, según lo informado, requiere intervenciones coordinadas para evitar que la degradación continúe avanzando. Gómez Bravo sostuvo además que las capacidades actuales de control no resultan suficientes para enfrentar de manera sostenida la expansión de estas actividades. Por esa razón, la mesa regional acordó elevar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas una propuesta para evaluar su participación en operaciones de control contra la minería ilegal en Puerto Inca. Buscan reforzar presencia estatal en zonas críticas Las acciones son coordinadas por el Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Dirección Regional de Agricultura y la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. En la mesa participan también Serfor, FEMA, Policía Nacional, Marina de Guerra, Dicapi, OEFA, Sunat, Osinfor, Sernanp y el Ministerio de Cultura, además del apoyo de Conservación Amazónica–ACCA. La eventual declaratoria de emergencia todavía no ha sido aprobada. El acuerdo adoptado contempla primero la elaboración de un informe técnico que sustente el pedido para Puerto Inca y Yuyapichis y permita evaluar qué medidas podrían aplicarse frente al avance de la minería ilegal y la pérdida de cobertura forestal. La situación continuará en evaluación durante próximas sesiones extraordinarias previstas en Huánuco y Yuyapichis, donde también se revisarán los procesos de formalización minera y los casos de afectación al patrimonio forestal. El punto pendiente será definir si la gravedad del escenario amerita finalmente una declaratoria de emergencia y qué capacidad operativa adicional podrá desplegar el Estado en las zonas afectadas.
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